analisis
En apenas 36 horas de bloqueos y protestas, el gobierno de Bernardo Arévalo se vio obligado a dar marcha atrás con la imposición del seguro obligatorio para vehículos. Sin enfrentar directamente la situación, el mandatario dejó que fueran sus funcionarios quienes intentaran calmar la crisis, evidenciando su falta de liderazgo y capacidad de respuesta ante la presión ciudadana.