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WhatsAppLa Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió este lunes 5 de mayo otorgar amparo provisional a un grupo de diputados que denunciaron la arbitraria suspensión de la 19ª sesión ordinaria adicional del Congreso, celebrada el pasado 29 de abril. En su resolución, el alto tribunal responsabiliza directamente al presidente del Congreso, Nery Abilio Ramos y Ramos, por no presentar el informe circunstanciado exigido por ley, lo cual activó automáticamente la protección constitucional a favor de los legisladores solicitantes.
El recurso fue interpuesto por los diputados Álvaro Enrique Arzú Escobar, Elmer Josué Palencia Reyes, Felipe Alejos Lorenzana, Nadia Lorena De León Torres, Carlos Enrique López Girón, Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, Allan Estuardo Rodríguez Reyes y José Inés Castillo Martínez. Alegaron que el presidente del Congreso actuó de forma arbitraria al declarar cerrada la sesión del 29 de abril, argumentando falsamente la falta de quórum.
Los legisladores destacaron que Nery Ramos no solo mintió sobre el quórum, sino que luego justificó la interrupción diciendo que “no habían condiciones para continuar”, lo que, según los amparistas, violó directamente el artículo 18 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
La Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar el amparo debido a que Ramos incumplió con su obligación de rendir el informe circunstanciado requerido, lo cual activa, según la Ley de Amparo, la concesión automática de la protección solicitada. El fallo dispone como medida inmediata:
- Convocar a los diputados del Congreso a reanudar la sesión suspendida.
- Retomar el procedimiento desde el momento exacto en que fue interrumpido.
- Verificar el quórum de manera transparente y conforme a la ley.
- Conocer los puntos pendientes en el orden del día, sin prejuzgar el sentido de las decisiones que adopte el pleno.
La Corte reafirmó su compromiso con el Estado de Derecho, advirtiendo sobre la obligación de todas las autoridades públicas de cumplir estrictamente con los procedimientos y plazos establecidos por la legislación constitucional. También recordó que su intervención busca encauzar los procesos institucionales y evitar abusos de poder que vulneren los derechos de los representantes electos.
