El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), señalado como uno de los principales grupos de choque que impulsaron la llegada de Bernardo Arévalo al poder en 2023, anunció un “paro nacional” para el próximo lunes 28 de abril, con bloqueos en al menos 19 puntos estratégicos del país.
La historia reciente advierte del grave riesgo que estas acciones representan. Durante los bloqueos de 2023, Guatemala sufrió pérdidas económicas superiores a Q1 mil 200 millones en apenas dos días. Cada jornada de parálisis significó Q600 millones de impacto en sectores como el comercio, la industria, el transporte y el turismo. Además, más de cinco mil contenedores quedaron varados, afectando el abastecimiento nacional.
El daño no fue únicamente financiero. Se reportaron interrupciones en la distribución de alimentos y medicinas, pérdidas de empleos temporales, cierres de mercados, suspensión de eventos y cancelación de reservas turísticas, afectando la imagen internacional del país en plena temporada alta.
Ahora, con la nueva convocatoria de Codeca —organización que ha mantenido afinidad con el actual gobierno—, Guatemala vuelve a estar en la antesala de otra crisis económica y social.
Aunque en su llamado al “paro plurinacional” alegan luchar por causas sociales, el patrón del pasado sugiere que el verdadero efecto será un golpe severo a los pequeños negocios, los transportistas, los agricultores y la población más vulnerable, quienes pagan el precio más alto cada vez que se paraliza el país.
La pregunta que queda es: ¿será el Ejecutivo cómplice pasivo de esta nueva jornada de bloqueos impulsada por quienes alguna vez fueron sus operadores de presión?