Diputado José Chic pide intervención extranjera en la USAC por conflicto político-electoral

El diputado José Chic, integrante del partido VOS, generó polémica al solicitar formalmente la intervención de organismos internacionales en los asuntos internos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), alegando corrupción y falta de democracia en la administración del rector Walter Mazariegos. Sin embargo, su solicitud contradice lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el marco legal nacional, que prohíbe la injerencia extranjera en instituciones autónomas del país.

Durante una intervención pública, el diputado Chic vinculó la crisis en la USAC a intereses políticos ligados a la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2026, donde la Universidad juega un papel clave a través de sus representantes. Aseguró que el control de la universidad se ha vuelto estratégico para ciertos grupos que buscan incidir en los comicios futuros, lo cual —según dijo— ha alimentado los recientes actos de violencia, tomas de instalaciones y destrucción de patrimonio en el campus central.

En un hecho sin precedentes y cuestionado por diversos sectores, Chic remitió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como al embajador de Estados Unidos en Guatemala, exponiendo lo que calificó como “actos de corrupción y antidemocráticos” cometidos por el rector Walter Mazariegos y solicitando la intervención de dichas entidades para investigar y actuar.

No obstante, su iniciativa ha sido duramente criticada por expertos constitucionalistas y actores académicos, quienes recordaron que la USAC es una institución autónoma, protegida por los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución, así como por su Ley Orgánica y Estatuto Universitario, que no permiten la intervención de actores internacionales en su funcionamiento interno.

Además, el llamado de Chic representa una grave omisión de principios de soberanía, ya que ninguna ley guatemalteca contempla la posibilidad de que embajadas extranjeras o organismos hemisféricos interfieran en el gobierno universitario o en decisiones académicas nacionales.

Esta acción también ha sido interpretada como una forma de presión política para debilitar la autonomía de la USAC en momentos clave, en los que la institución se prepara para participar —como manda la ley— en procesos de nombramiento de magistrados del TSE, un órgano fundamental para la integridad de las próximas elecciones.