Arévalo prepara reunión con Claudia Sheinbaum y primer ministro de Belice en medio de agenda polémica que incluye el Tren Maya

Este viernes 15 de agosto, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo de León sostendrá reuniones bilaterales y trinacionales con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, en Flores, Petén, y en Calakmul, Campeche, México. Aunque la agenda oficial incluye temas como seguridad fronteriza, migración y proyectos ambientales, la inclusión del Tren Maya —proyecto cuestionado en México por su impacto ambiental y costos— ha encendido alertas sobre las intenciones del mandatario de replicar este modelo en Guatemala.

Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), la agenda contempla ampliar la cooperación en redes, seguridad fronteriza, migración, programas de trabajadores temporales, puertos y servicios aduaneros, además de la presentación de un proyecto ambiental trinacional. Sin embargo, el tema que más controversia genera es el interés de Arévalo en discutir el Tren Maya, megaproyecto impulsado por el partido izquierdista MORENA de Sheinbaum.

En México, el Tren Maya ha sido duramente criticado por su fracaso operativo, sobrecostos millonarios y daños ambientales irreversibles en áreas de alto valor ecológico, incluyendo selvas y cenotes. Ambientalistas, comunidades indígenas y especialistas han denunciado que la obra ha fragmentado ecosistemas y desplazado fauna, mientras su rentabilidad económica sigue en duda.

A pesar de este historial negativo, el presidente Arévalo ha manifestado públicamente que ve el Tren Maya como algo “positivo” y ha dejado entrever su interés en replicar un modelo similar en Guatemala, una propuesta que para sus críticos obedece más a una agenda ideológica alineada con gobiernos de izquierda radical que a un análisis técnico o ambiental serio.

La segunda reunión del viernes, en Calakmul, sumará al primer ministro de Belice, Johnny Briceño, y estará centrada en el supuesto proyecto ambiental trinacional. No obstante, analistas temen que se utilice como marco político para impulsar acuerdos que podrían abrir la puerta a megaproyectos sin la debida consulta ciudadana ni estudios ambientales independientes.