Durante su participación en el XX Congreso Industrial organizado por la Cámara de Industria de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que la delincuencia ha disminuido significativamente en el país, atribuyendo este fenómeno a una combinación de esfuerzos interinstitucionales y reformas legales. Sin embargo, alertó sobre el riesgo de perder estos avances debido a la captura del sistema de justicia por estructuras corruptas. Las afirmaciones del mandatario contrastan con la percepción ciudadana sobre la inseguridad, en un contexto donde los hechos delictivos continúan afectando a miles de guatemaltecos.
En su intervención ante empresarios y representantes del sector industrial, el presidente Bernardo Arévalo destacó que, según datos oficiales, la tasa de homicidios en Guatemala en 2024 se redujo a la mitad en comparación con 2010. Señaló que esta baja se debe a esfuerzos sostenidos en materia de seguridad y justicia, a la cooperación internacional y al trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el sistema de justicia.
Arévalo también subrayó que la corrupción ha sido uno de los principales motores de la criminalidad y que mientras no se erradique, los avances seguirán en riesgo.
No obstante, el presidente reconoció que desde 2017, el consenso nacional que impulsaba la justicia se ha quebrado, permitiendo que mafias e intereses oscuros capturen instituciones clave del Estado. En esa línea, hizo un llamado urgente a la sociedad civil a estar vigilante ante las próximas elecciones de Fiscal General, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), instando a evitar que esos cargos caigan nuevamente en manos de estructuras que actúan en contra del interés nacional.
Pese al discurso optimista, las cifras más recientes sobre violencia e inseguridad matizan el panorama. Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala registró más de 2,869 homicidios durante 2024, lo que equivale a una tasa de 16.1 homicidios por cada 100 mil habitante Si bien es una mejora respecto a los 46.4 por cada 100,000 registrados en 2010, el país aún se ubica entre los más violentos de América Latina.
En los primeros seis meses de 2025 hay un aproximado de más de 29,000 hechos delictivos, entre robos, extorsiones, violaciones y homicidios, una cifra que mantiene preocupados a diversos sectores de la sociedad, especialmente en áreas urbanas como Villa Nueva, Mixco y zonas de la capital.
Se considera que los avances presentados por el Ejecutivo no se reflejan en la realidad diaria de las comunidades, donde los comerciantes, transportistas y vecinos siguen siendo víctimas de extorsiones, asaltos y violencia generalizada.
Si bien el presidente Arévalo presentó datos que reflejan una disminución en los índices de homicidios en la última década, la seguridad sigue siendo una deuda pendiente para miles de guatemaltecos, especialmente en zonas donde el crimen organizado mantiene control territorial. Su advertencia sobre el colapso institucional desde 2017 y la captura de la justicia por mafias no es menor, pero resulta contradictoria cuando se presentan logros sin reconocer la fragilidad estructural del sistema actual. La próxima elección de autoridades judiciales será un momento clave para medir si hay voluntad real de recuperar la independencia institucional o si los discursos seguirán quedándose en la superficie.