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WhatsAppEn medio de una crisis de seguridad sin precedentes y tras una cadena nacional marcada por la opacidad y el atraso, el presidente Bernardo Arévalo anunció este 15 de octubre la destitución del ministro de Gobernación Francisco Jiménez, la viceministra de Asuntos Antinarcóticos Claudia Palencia y el viceministro de Seguridad José Portillo. La medida llega luego de que se conociera gracias a una fuente externa el día 11 de octubre, y oficialmente por el MP el 12, la fuga de 20 cabecillas de la Mara 18 del centro carcelario Fraijanes II, ocurrida presuntamente desde el mes de agosto y ocultada por el Gobierno hasta este mes.
Tras días de silencio y con la presión pública en aumento, Bernardo Arévalo finalmente se dirigió a la población guatemalteca por medio de una cadena nacional. La intervención llega cuatro días después de que la ciudadanía se enterara, no por el gobierno sino por medios de comunicación independientes, que 20 peligrosos reos, líderes de diferentes clicas de la Mara 18, se habían fugado desde agosto del centro de máxima seguridad Fraijanes II.
Durante su mensaje, el mandatario anunció que “aceptó la renuncia” del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y del viceministro de Seguridad, José Portillo. Sin embargo, esta narrativa de renuncia voluntaria contrasta fuertemente con las declaraciones previas del propio ministro Jiménez, quien aseguró el lunes 13 de octubre que no abandonaría el cargo hasta que los 20 fugitivos fueran recapturados. Este evidente intento de maquillar una remoción forzada deja en evidencia la falta de coherencia y liderazgo dentro del Ejecutivo.
La situación se vuelve aún más grave tras las declaraciones del viceministro de Seguridad José Portillo, quien la noche del 14 de octubre se presentó al Ministerio Público para denunciar a la misma estructura estatal de la que formaba parte. Portillo presentó cinco denuncias, incluyendo una contra la viceministra Claudia Palencia, a quien señaló de haber pactado a cambio de sobornos la fuga de los 20 pandilleros. Además, denunció a la Policía Nacional Civil por supuestamente operar una red de trata de personas dentro de la institución, evidenciando un colapso interno en el sistema de seguridad nacional.
La respuesta de Arévalo fue calificada por analistas como tardía, superficial y más enfocada en controlar el daño político que en esclarecer los hechos. En su mensaje, el mandatario afirmó que se buscará apoyo del FBI y otras agencias internacionales para fortalecer el combate al crimen organizado. Sin embargo, la contradicción entre sus palabras y los hechos no ha pasado desapercibida: mientras promete “instituciones sólidas”, su propio gobierno ha sido señalado de encubrir información y proteger estructuras corruptas.
Expertos en seguridad y derecho penal consultados por medios internacionales o incluso comentándolo en redes sociales, han coincidido en que esta crisis evidencia una penetración profunda del crimen organizado en el Estado guatemalteco, con complicidad desde los más altos niveles. La participación de actores extranjeros como el FBI podría ser una medida simbólica si no se permite una investigación independiente y sin filtros políticos, algo que hasta ahora el gobierno de Arévalo no ha demostrado estar dispuesto a garantizar.
La destitución de tres altos funcionarios del Ministerio de Gobernación no disipa las dudas ni la indignación ciudadana. Por el contrario, confirma la magnitud de la crisis institucional que atraviesa el país. La falta de transparencia, las contradicciones del Ejecutivo y las denuncias de corrupción desde dentro del propio gabinete refuerzan la percepción de que el crimen organizado no solo está en las calles, sino también infiltrado en las estructuras del poder. La población exige respuestas reales, investigaciones imparciales y un verdadero compromiso con la verdad, no más discursos decorados ni alianzas políticas para encubrir la corrupción.