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WhatsAppEste lunes 14 de julio, al menos tres cuerpos sin vida fueron encontrados envueltos en sábanas, amarrados de pies y manos y con signos evidentes de violencia en distintos puntos del departamento de Guatemala. Estos hechos reflejan una alarmante crisis de seguridad, que ocurre mientras el Ministerio de Gobernación prioriza el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones ciudadanas, en lugar de garantizar la protección de la población.
Los cuerpos fueron localizados en zonas vulnerables del departamento de Guatemala, en escenarios que reflejan violencia extrema: las víctimas estaban atadas, envueltas en telas y con señales de tortura, según reportes preliminares. La información fue confirmada por las autoridades, quienes indicaron que aún no se ha determinado la identidad de las víctimas ni el motivo de los crímenes.
Estos hechos se dan en un contexto donde el país enfrenta una escalada sostenida de violencia criminal, especialmente en áreas urbanas y periféricas. Sin embargo, mientras la criminalidad cobra vidas a diario, el gobierno central ha optado por destinar cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a reprimir las protestas del magisterio nacional, quienes exigen mejores condiciones laborales y educativas en todo el país.
En los últimos días, las marchas del sector educativo han sido enfrentadas con fuerza policial, gases lacrimógenos y cercos de seguridad, desviando recursos operativos que deberían ser utilizados para combatir estructuras criminales y prevenir asesinatos como los registrados hoy.
La incoherencia del gobierno actual queda aún más en evidencia si se compara con el actuar del presidente Bernardo Arévalo en 2023, cuando como candidato instó públicamente a la PNC a desobedecer órdenes judiciales para disolver bloqueos masivos que él mismo respaldaba. Dichas protestas provocaron millonarias pérdidas económicas por el cierre prolongado de carreteras y rutas nacionales. Contradictoriamente, ahora desde el poder, su administración reprime con dureza las manifestaciones que cuestionan su gestión, mientras el crimen común y organizado avanza impunemente.
El hallazgo de tres cuerpos violentamente asesinados en el departamento de Guatemala pone en evidencia la crisis de seguridad que vive el país. Lejos de priorizar la vida y protección de los guatemaltecos, el gobierno ha optado por utilizar a las fuerzas de seguridad para contener la inconformidad social, en lugar de enfrentar con determinación a las estructuras criminales. El contraste entre el discurso del pasado y la represión del presente refleja la hipocresía del oficialismo, mientras la violencia cobra víctimas todos los días sin respuesta efectiva del Estado.