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WhatsAppEn respuesta al avance implacable del crimen organizado, la bancada CABAL anunció que este lunes solicitará incluir en la agenda legislativa dos iniciativas clave: la Iniciativa 5692, que declara a las maras como organizaciones terroristas, y la “Ley Cero Extorsión desde Prisión”, que plantea la construcción de centros penitenciarios de máxima seguridad para aislar a cabecillas pandilleros. Ambas propuestas serán presentadas para su aprobación de urgencia nacional, en un intento por enfrentar la creciente ola de violencia que golpea al país.
Durante una conferencia de prensa, diputados de la bancada CABAL anunciaron que pedirán este lunes a la Instancia de Jefes de Bloque que se agende en el orden del día del Congreso la discusión inmediata de la Iniciativa de Ley 5692, con el objetivo de que sea conocida y aprobada de urgencia nacional el próximo martes 30 de septiembre.
La iniciativa busca reformar el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada, incluyendo una disposición clara que reconozca a las maras como organizaciones terroristas. Según CABAL, esta medida es un paso decisivo para frenar el avance de estos grupos que “han causado un daño incalculable a la sociedad guatemalteca, sembrando el terror en barrios, comunidades, centros educativos y sistemas de transporte”.
En paralelo, se presentó la “Ley Cero Extorsión desde Prisión”, una iniciativa que responde a la incapacidad del Estado para controlar a los cabecillas de maras, que continúan dirigiendo extorsiones, sicariatos y redes criminales desde el interior de las cárceles.
Entre las disposiciones más destacadas de esta propuesta se encuentran:
- Construcción de dos nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad, bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército:
- Centro de Detención Antimaras “El Encierro”
- Centro Especial de Cumplimiento de Condena “Destino Final”, con capacidad para 3,000 a 4,000 reos.
- Ambos centros estarán ubicados dentro de una nueva zona militar denominada “La Fortaleza”, asegurando control absoluto por parte del Estado y el Ejército.
- Aplicación de un modelo de aislamiento total para cabecillas y pandilleros, incluyendo:
- Inhibidores de señal
- Restricción total de comunicación
- Supervisión especializada las 24 horas
- Traslado obligatorio de reos de alta peligrosidad que actualmente operan desde cárceles como El Boquerón, Canadá y Fraijanes II
Los diputados subrayan que estas propuestas van de la mano y forman parte de una ofensiva legal más amplia contra las estructuras delictivas que operan en el país. Esta sería la segunda iniciativa sobre extorsión presentada en 2025, y la cuarta relacionada con seguridad en lo que va del año.
La presentación de estas propuestas se da en medio de un recrudecimiento de la violencia. Según cifras recientes del Observatorio de Violencia de Diálogos, en los primeros ocho meses de 2025 se han registrado:
- Tasa nacional de homicidios de 17.4 homicidios por cada 100 mil habitantes a Mayo del presente año
- Más de 29,000 hechos delictivos reportados, incluyendo extorsiones, robos armados y ataques contra transportistas
- Incremento en denuncias de extorsión en comparación con el mismo período de 2024
Los sectores más afectados siguen siendo Villa Nueva, Mixco, zonas 6, 18 y 21 de la capital, y departamentos como Escuintla, Chiquimula y Zacapa.
La ofensiva legislativa impulsada por la bancada CABAL apunta directamente a los núcleos operativos y estratégicos de las maras, que han logrado mantener el control territorial, económico y comunicacional incluso desde las cárceles. Declarar a estas estructuras como organizaciones terroristas y construir centros de aislamiento absoluto representa una respuesta firme, aunque tardía, frente a una amenaza que el Estado ha permitido crecer durante años.
Sin embargo, estas iniciativas también plantean interrogantes sobre su viabilidad, financiamiento y el verdadero compromiso del resto del Congreso con una política de seguridad coherente y sostenida. En un contexto donde el crimen organizado se ha infiltrado en diversas instituciones, la voluntad política será puesta a prueba no solo en el discurso, sino en los votos que respalden o rechacen estas medidas.