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WhatsAppLa bancada del partido CAMBIO se pronunció públicamente este jueves a favor del Decreto 7-2025, conocido como la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y lanzó un llamado directo al presidente Bernardo Arévalo para que no vete la normativa, advirtiendo que su rechazo implicaría un retroceso en el desarrollo comunitario y afectaría directamente a cientos de proyectos a nivel nacional.
En una conferencia de prensa encabezada por Jorge Baldizón, secretario general del partido CAMBIO, y el diputado Esduín Jerson Javier Javier «Tres Kiebres» representante de Chiquimula, la bancada defendió el decreto y aseguró que el Ejecutivo no debe utilizar el presupuesto 2026 como “moneda de cambio” para imponer su agenda política.
Los diputados aseguraron que el Decreto 7-2025 no representa un mecanismo de corrupción, sino una medida para evitar que los proyectos de desarrollo queden inconclusos por falta de continuidad financiera o trámites burocráticos excesivos.
Baldizón también destacó que el contenido de este nuevo decreto es prácticamente idéntico al del Decreto 27-2024, aprobado el año pasado con el respaldo de la bancada oficial Semilla. La única diferencia sustancial, según indicó, es que este año se establece que los avales institucionales deben emitirse en un plazo máximo de cinco días, lo cual busca agilizar la ejecución presupuestaria y evitar bloqueos administrativos.
Por su parte, el diputado Jerson Javier reiteró que los fondos asignados por medio de esta ley no van directamente a los alcaldes, como han insinuado sectores críticos:
“El dinero llega primero a los Consejos de Desarrollo, luego a los Codedes, y finalmente se distribuye a las municipalidades según los proyectos aprobados”, enfatizó.
Javier agregó que los proyectos de saneamiento, especialmente drenajes y sistemas de agua, son los que más se ven afectados por la falta de avales oportunos, lo que retrasa su ejecución o directamente los paraliza.
Con esta declaración, la bancada CAMBIO se alinea con varios sectores del Congreso que exigen la aprobación del Decreto 7-2025 y advierten sobre las consecuencias sociales y políticas que implicaría un eventual veto presidencial. La ley, aseguran, no es una maniobra oscura, sino una herramienta para garantizar que los recursos públicos lleguen a las comunidades y se traduzcan en obras reales.
La presión sobre el presidente Arévalo aumenta, mientras crece el debate sobre la verdadera intención detrás del decreto y su impacto en la ejecución del presupuesto 2026. El Ejecutivo aún no ha confirmado si vetará o sancionará la ley, pero el reloj político ya empezó a correr.