En un intento por frenar el avance del Decreto 7-2025, el grupo de diputados que formaba parte de la extinta bancada Semilla anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad. El documento, compartido en redes sociales, exige suspender de inmediato el decreto y acusa al Congreso de evadir el procedimiento de veto presidencial. Sin embargo, la supuesta bancada ya no tiene reconocimiento legal ni jurídico en el Congreso de la República.
Este 17 de octubre de 2025, a través de un comunicado difundido en redes sociales, los diputados electos por el partido Movimiento Semilla informaron que presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Decreto 7-2025. Argumentan que la publicación y vigencia del mismo fueron “forzadas” sin haberse agotado el proceso de veto presidencial.
En el texto, los firmantes solicitan a la Corte suspender de inmediato tanto el Decreto 7-2025 como el Acuerdo Legislativo 6-2025, por presuntamente ignorar el veto del Ejecutivo contenido en el Acuerdo Gubernativo 182-2025. Además, demandan que se instruya al Congreso para que respete el procedimiento de veto conforme al artículo 178 de la Constitución.

Sin embargo, llama la atención que esta acción proviene de diputados que ya no cuentan con un bloque legislativo reconocido oficialmente. La bancada Semilla fue disuelta en enero de 2024, luego de una resolución del Registro de Ciudadanos del TSE, que dejó en suspenso su personalidad jurídica tras un proceso penal por presunta falsificación de firmas durante su proceso de inscripción. A partir de entonces, sus integrantes operan como diputados independientes, sin capacidad de presentar iniciativas de ley en nombre de un partido ni formar parte de la Junta Directiva del Congreso.
El intento de mantener la identidad de “bancada Semilla” ha sido criticado desde diversos sectores por considerarse una estrategia mediática para ejercer presión política sin sustento legal. De hecho, la propia Corte de Constitucionalidad ya ha determinado en resoluciones anteriores que un grupo de diputados sin bancada no puede actuar institucionalmente en nombre de una agrupación cancelada.
Además, resulta contradictorio que exdiputados de Semilla, quienes han promovido discursos en favor del respeto al Estado de Derecho, ahora insistan en actuar bajo una identidad partidaria anulada por resolución judicial, cuestionando al Congreso por cumplir su rol constitucional en la formación de leyes.
La presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte de una bancada inexistente evidencia la falta de coherencia y legalidad en la estrategia política de los exintegrantes de Semilla. Mientras el país enfrenta crisis reales en materia de seguridad y corrupción, exdiputados se enfocan en disputas legales sobre procedimientos legislativos, sin base jurídica sólida y actuando bajo una figura partidaria ya disuelta. Este tipo de acciones, lejos de fortalecer la institucionalidad, solo generan mayor confusión y desgaste en un momento en que Guatemala requiere soluciones concretas y liderazgo real.