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WhatsAppLejos de buscar diálogo o una solución institucional, el presidente Bernardo Arévalo reaccionó con desdén y confrontación tras la aprobación definitiva del Decreto 7-2025 por parte del Congreso de la República. En un comunicado oficial emitido este 7 de octubre, el mandatario acusó a 84 diputados de manipular el proceso legislativo, y anunció que su gobierno iniciará acciones legales para bloquear la vigencia del decreto, evidenciando nuevamente su interés por mantener el control de los fondos de los CODEDES, fundamentales para su agenda política.
Reacción presidencial: ataque y victimismo
Tras la contundente derrota legislativa sufrida en el Congreso, donde una mayoría de diputados aprobó la sanción y publicación del Decreto 7-2025 —el cual fue vetado erróneamente por el Ejecutivo fuera del plazo legal—, el presidente Arévalo respondió con un comunicado cargado de ataques políticos y sin asumir responsabilidad alguna por los errores cometidos por su equipo.
En lugar de reconocer el fallo procedimental de la Secretaría General de la Presidencia y sus asesores legales, quienes no manejaron correctamente los plazos y entregaron fuera de tiempo el veto presidencial, Arévalo optó por acusar a los diputados de utilizar “argucias” y argumentos “espurios”, señalando que el Congreso habría retorcido el proceso para forzar la entrada en vigencia de la ley.
Fragmento del Comunicado Oficial:
«84 diputados, con argucias, argumentos incorrectos y espurios, retorcieron el procedimiento. Ante esto, el Gobierno presentará las acciones legales respectivas para hacer valer esta decisión e impedir que una norma peligrosa que sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público entre en vigencia».
Con esta postura, el presidente confirma su interés en impedir que los CODEDES operen con independencia y continúen como una herramienta de negociación política desde el Ejecutivo, como ocurrió con la aprobación del presupuesto del año anterior.
Contra los alcaldes y contra el desarrollo local
Más de 300 alcaldes de todo el país firmaron una solicitud pidiendo al presidente sancionar el Decreto 7-2025, pues permitiría destrabar proyectos de desarrollo comunitario en sus municipios, en un momento crítico marcado por abandono, nula inversión pública y una crisis de infraestructura nacional.
Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo fue vetar la ley y, ahora, emprender una batalla legal contra su entrada en vigencia, dejando claro que el bienestar de las comunidades no es una prioridad para esta administración.
En casi dos años de gestión, el gobierno de Arévalo no ha entregado obras relevantes, ni un solo kilómetro de carretera rehabilitado, y mientras el país enfrenta emergencias por lluvias y desastres naturales, el presidente se prepara para viajar al extranjero, abandonando el país en un momento de tensión institucional.
El mismo libreto de siempre
La reacción del Ejecutivo es una repetición del discurso de victimización que el presidente ha utilizado cada vez que el Congreso u otros sectores no acatan su voluntad. Cuando no se aprueban sus propuestas, culpa a la “corrupción” o a la “alianza de impunidad”, aunque en este caso los hechos son claros: el veto fue entregado fuera de tiempo, y por ley, el Congreso actuó en su derecho al sancionar el decreto.
En vez de aceptar la responsabilidad de su equipo, Arévalo prefiere instalar una narrativa de confrontación, dejando de lado la institucionalidad, el respeto a los alcaldes y a los ciudadanos que esperan obras y desarrollo.