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WhatsAppEn medio de un alarmante repunte de violencia en el país, el Congreso retomará la discusión de la Iniciativa 5692, conocida como ley antimaras, que busca declarar a las pandillas como organizaciones terroristas. Sin embargo, resurge una polémica: el presidente Bernardo Arévalo votó en contra de esta ley en 2020 cuando era diputado, lo que abre la posibilidad de que, en caso de ser aprobada por el Legislativo, el mandatario podría vetarla, evidenciando nuevamente su postura ambigua frente al crimen organizado.
El 28 de enero de 2020, el Congreso de la República conoció la iniciativa de ley 5692, propuesta por el entonces presidente Alejandro Giammattei, la cual fue enviada a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis. La propuesta buscaba reformar el Código Penal y la Ley Contra la Delincuencia Organizada para endurecer las penas contra mareros, considerando sus acciones como terrorismo y elevando sus crímenes al rango de delitos de alto impacto.
Tanto la Comisión de Defensa como la de Gobernación emitieron dictámenes favorables con modificaciones, señalando que la normativa respondía al aumento de la criminalidad provocada por pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, estructuras que operan en todo el país bajo esquemas de violencia extrema, extorsión y control territorial.
Entre los diputados que respaldaron la propuesta estaban nombres reconocidos como Sergio Arana, Emilio Maldonado, Efraín Menéndez y otros legisladores de diversas bancadas. Sin embargo, uno de los pocos votos razonados en contra fue el del entonces diputado César Bernardo Arévalo de León, hoy presidente de la República quien voto en contra.
¿Qué implicaba la iniciativa?
La Iniciativa 5692 incluía reformas clave como:
- Declarar organizaciones terroristas a pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
- Procesar sus delitos en juzgados de mayor riesgo.
- Sancionar con penas de hasta 30 años de prisión a quienes cometieran actos criminales usando explosivos o que causaran muertes o lesiones graves.
- Clasificar a las maras como grupos delictivos organizados, ampliando el marco legal para su persecución judicial.
A pesar del respaldo de la mayoría de los diputados en su momento, la propuesta no avanzó más allá de su primera lectura. Ahora, cinco años después, y en medio de una creciente ola de violencia que ha dejado miles de víctimas en todo el país, la ley vuelve a estar en el centro del debate.
El contexto actual: ¿Vetará Arévalo esta ley?
En este 2025, la ley fue reactivada y podría llegar a segunda lectura en la sesión plenaria de este martes. Según fuentes legislativas, de alcanzarse los 107 votos necesarios, podría aprobarse por urgencia nacional.
Sin embargo, la postura del gobierno de Bernardo Arévalo y su bancada oficial es nuevamente de rechazo, especialmente al punto de declarar terroristas a los pandilleros. Esto ha generado serias preocupaciones entre diputados y sectores sociales que ven en la iniciativa una herramienta legal urgente y necesaria ante la inacción del Ministerio de Gobernación, actualmente bajo control del oficialismo.
Legisladores como Nadia de León han expresado su frustración por la falta de liderazgo del Congreso en avanzar con esta ley, mientras que otros jefes de bloque han manifestado su intención de aprobar la iniciativa sin más retrasos, especialmente tras la reciente reunión con la Fiscal General, Consuelo Porras, quien se comprometió a apoyar su implementación.
La situación se torna aún más delicada si se toma en cuenta que Estados Unidos recientemente declaró a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista, lo que refuerza la necesidad de que Guatemala haga lo propio para fortalecer la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.
A pesar de esto, el presidente del Congreso, Nery Ramos, propone una nueva iniciativa de ley, lo que ha sido rechazado por la mayoría de jefes de bloque, quienes consideran que el país no puede seguir esperando mientras las pandillas continúan sembrando el terror en las calles.
El hecho de que el presidente Bernardo Arévalo haya votado en contra de la ley antimaras en 2020 y que su gobierno actualmente muestre señales de bloquearla, deja dudas sobre su verdadero compromiso en la lucha contra el crimen organizado. De aprobarse la iniciativa esta semana en el Congreso, el mandatario tendría la facultad de vetarla, lo que sería interpretado por muchos como un respaldo implícito a estructuras criminales que hoy tienen en zozobra a miles de guatemaltecos. Mientras tanto, el país espera acciones firmes y coherentes que devuelvan la seguridad y el imperio de la ley.