La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles un régimen de urgencia para acelerar la votación de un proyecto de ley que otorgaría amnistía a los implicados en el asalto a los poderes del Estado en enero de 2023. La iniciativa podría ser modificada para incluir al expresidente Jair Bolsonaro, recientemente condenado por intento de golpe de Estado.
El Congreso brasileño dio un paso clave este miércoles al aprobar por amplia mayoría (311 votos a favor, 163 en contra y 7 abstenciones) el tratamiento urgente de un proyecto de ley de amnistía para los participantes del asalto del 8 de enero de 2023, cuando cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
La medida evita que el proyecto pase por comisiones legislativas y lo envía directamente al pleno de la Cámara de Diputados. Aunque el texto original busca beneficiar a más de 600 personas ya condenadas por esos actos vandálicos, sectores aliados al expresidente han propuesto modificaciones para incluir en la amnistía al propio Bolsonaro, condenado recientemente a 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado, organización criminal, y otros delitos graves.
El expresidente, de 70 años, actualmente cumple prisión domiciliaria y tiene derecho a apelar su condena ante el Supremo Tribunal Federal. Esta aceleración legislativa ocurre en paralelo a noticias sobre su estado de salud: Bolsonaro fue hospitalizado de emergencia el martes por complicaciones médicas que incluyeron anemia persistente, alteración renal, vómitos y presión baja. Fue dado de alta al día siguiente, y sus médicos informaron además que se le diagnosticó un cáncer de piel en fase inicial.
Ante el avance del proyecto de ley, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con firmeza. En declaraciones a la BBC, aseguró que vetará la iniciativa si llega a sus manos:
“Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”, afirmó Lula.
El proyecto ha generado un intenso debate político y social en Brasil. Mientras sectores del Congreso defienden la medida como un acto de reconciliación nacional, otros advierten que se trata de un intento por borrar los delitos de uno de los episodios más graves contra la democracia brasileña desde el retorno del orden constitucional.
Con Jair Bolsonaro enfrentando una condena histórica y una delicada situación de salud, el Congreso se posiciona como un actor clave en el destino judicial del exmandatario y sus seguidores. La posible extensión del perdón legal plantea serias interrogantes sobre la estabilidad institucional del país y el respeto a las decisiones del Poder Judicial, mientras el presidente Lula da Silva ya ha anunciado su intención de frenar cualquier intento de impunidad.