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WhatsAppLa solicitud de opinión consultiva ante la CIDH abre la puerta a una reinterpretación constitucional que podría beneficiar políticamente al presidente Bernardo Arévalo
Este lunes se conoció que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo habría solicitado una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar si los derechos democráticos, incluida la reelección presidencial, pueden ser considerados como derechos humanos. La acción ha generado inquietud y críticas, especialmente desde sectores que ven en este movimiento una estrategia para allanar el camino a una posible perpetuación en el poder.
La clave: el retiro de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena
El análisis constitucional y diplomático cobra relevancia tras la reciente decisión del Ejecutivo de retirar la reserva guatemalteca al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un cambio que permite dar preeminencia a normas internacionales sobre las disposiciones internas, incluyendo la propia Constitución Política de la República de Guatemala.
Este cambio, aparentemente técnico, permitiría que una interpretación favorable de la reelección como un derecho humano por parte de la CIDH tenga peso legal y político superior incluso al texto constitucional vigente, el cual prohíbe explícitamente la reelección presidencial.
¿Reelección como “derecho humano”?
El presidente Arévalo podría ampararse en una reinterpretación de los derechos políticos, invocando estándares internacionales que consideran el derecho a elegir y ser electo como parte de las libertades fundamentales. De aceptarse esta línea argumentativa, la prohibición constitucional vigente podría quedar sujeta a revisión internacional, una ruta que socava el orden institucional y pone en riesgo los límites del poder en el país.
Este movimiento ha sido interpretado por analistas y opositores como una estrategia para facilitar la reelección del mandatario, utilizando argumentos de derecho internacional y derechos humanos para superar la normativa interna.
Reviviendo al partido Movimiento Semilla
Otra arista del tema gira en torno al partido Movimiento Semilla, suspendido por el Tribunal Supremo Electoral por violaciones legales. Con esta maniobra, se presume que el Ejecutivo busca revivir políticamente a la agrupación, vehículo electoral de Bernardo Arévalo, para consolidar su permanencia en el poder.
Al otorgar la categoría de “derecho humano” a la participación política sin restricciones, cualquier sanción o disolución partidaria también podría considerarse una violación a los derechos fundamentales, revirtiendo las decisiones legales que hoy mantienen en suspenso al partido oficial.