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CC deja en firme el Decreto 7-2025, resolución pone fin al chantaje político

Redacción

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió declarar sin lugar todos los amparos interpuestos en contra del Decreto 7-2025 y del Acuerdo Legislativo 6-2025, confirmando así la legalidad del procedimiento utilizado por el Congreso de la República.

Con esta resolución, el decreto —Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural— queda firme y entra en vigencia, consolidando una victoria política para los diputados que votaron a favor de la ley.

El presidente Bernardo Arévalo había vetado la norma, pero entregó el veto fuera de plazo y con errores de redacción, lo que derivó en la decisión de la CC de ratificar la validez del decreto aprobado de urgencia nacional.

Fuentes dentro del Congreso aseguran que la resolución marca un parteaguas en la correlación de fuerzas políticas. “Se acabó el chantaje y la extorsión. Los diputados ahora tienen la libertad de ejercer su voto sin presiones ni condicionamientos”, señaló uno de los legisladores consultados, aludiendo a los ofrecimientos y negociaciones que buscan influir en la elección de la nueva Junta Directiva y en la aprobación del Presupuesto 2026.

No obstante, existe una mayoría en los bloques legislativos que conforman la Comisión de Finanzas que, han dejado claro en conferencia de prensa, mantienen el control en la toma de decisiones con 14 votos.

El mensaje que más resuena tras la resolución es claro: “Se acabó el chantaje”, una frase que representa el fin de las prácticas de presión política que, según diputados, el Ejecutivo utilizaba como moneda de cambio a través de la asignación de obra pública.

Entre los ofrecimientos que, según fuentes legislativas, el Gobierno de Bernardo Arévalo a través de Jonathan Menkos y un nuevo operador (Diputado actual) que a toda costa busca posicionarse habría hecho a diputados para influir en la elección de la Junta Directiva del Congreso, se señalan:

Control de más de 100 direcciones en el Organismo Ejecutivo.

Proyectos de obra pública.

Contratos y pagos de deuda en Covial.

Proyectos de construcción de viviendas.

Altas sumas de dinero en efectivo, ofrecidas mensualmente a cambio de votos.

Con el Decreto 7-2025 convertido en ley, el Congreso recupera su independencia como poder del Estado; sin embargo, los próximos días serán clave para observar cómo se reconfigura el escenario político dentro del hemiciclo y si los diputados mantendrán su independencia o cederán ante los ofrecimientos del Ejecutivo.

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