Congreso evita declarar a pandilleros como terroristas: oficialismo unido ante propuesta para reformar el Código Penal

En una sesión extraordinaria celebrada este martes en el Congreso de la República, una moción para reformar el Código Penal y declarar como terroristas a los pandilleros fue bloqueada por diputados aliados del oficialismo, entre ellos miembros de la extinta bancada Semilla. La iniciativa, propuesta por el diputado Elmer Palencia, buscaba endurecer las penas y otorgar mayores herramientas al Estado para combatir la creciente ola de violencia criminal que afecta al país.

La sesión dio inicio con 60 diputados presentes, número que permitió la aprobación del orden del día, el cual incluyó la lectura de varias iniciativas de ley promovidas por el oficialismo, entre ellas una que plantea restricciones a los sindicatos. Sin embargo, el punto más polémico de la jornada surgió cuando el diputado Elmer Palencia, a través de una moción privilegiada, solicitó que se votara para conocer la iniciativa 5692, la cual propone reformar el Código Penal para clasificar a las pandillas como grupos terroristas y agravar las penas por delitos relacionados.

Pese al respaldo de varios legisladores, la moción no logró obtener los votos suficientes, principalmente por la oposición de diputados afines al oficialismo, incluyendo miembros de la extinta bancada Semilla, quienes rechazaron frontalmente la propuesta. La discusión generó fuertes debates en el hemiciclo, en medio de un contexto nacional marcado por el repunte de ataques armados, extorsiones y asesinatos atribuidos a maras.

Durante la controversia legislativa, fue evidente la ausencia temporal del presidente del Congreso, Nery Ramos, así como de otros integrantes de la Junta Directiva, quienes abandonaron el hemiciclo mientras se desarrollaba el debate sobre la iniciativa contra pandillas. Posteriormente, regresaron para cerrar la sesión por falta de quórum.

El rechazo a la iniciativa que pretendía declarar como terroristas a los mareros refleja la falta de voluntad política de sectores afines al oficialismo para combatir de manera frontal a las estructuras criminales que asedian a la población guatemalteca. Este episodio parlamentario expone una preocupante realidad: mientras la violencia se incrementa en todo el país, el Congreso da la espalda a propuestas contundentes que permitirían una acción más firme por parte del Estado. La ciudadanía exige resultados y acciones concretas ante el flagelo de las pandillas, pero una vez más, intereses ideológicos y cálculos políticos frenan el combate efectivo contra la delincuencia.