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WhatsAppA pesar del anuncio del presidente Bernardo Arévalo sobre la salida del ministro de Gobernación y su equipo, tras la fuga de 20 reos peligrosos, este jueves se confirmó que tanto el ministro Francisco Jiménez como los viceministros y autoridades penitenciarias siguen en sus cargos. La situación genera creciente indignación en la población y sectores que cuestionan la falta de acción efectiva ante una crisis de seguridad y corrupción sin precedentes.
Tras la escandalosa fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes II, el presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, así como los viceministros, dejarían sus cargos de forma inmediata. La decisión buscaba responder a la evidente negligencia en el sistema penitenciario y a las señales de corrupción interna.
Sin embargo, en una sorpresiva publicación en redes sociales, el propio ministro Jiménez anunció que continuará en el cargo «hasta que se designe a su sucesor», contradiciendo el mensaje presidencial. Además, se confirmó que los viceministros Felipe Sánchez González, Mayda Alejandra De León Wantland y William Cameros también siguen ejerciendo funciones, al igual que altos mandos del Sistema Penitenciario.
La permanencia de estos funcionarios —señalados directamente o por omisión en una de las crisis más graves de seguridad del país— ha sido duramente criticada por diversos sectores, que califican la situación como una burla al Estado de Derecho y a la ciudadanía. Muchos cuestionan por qué se mantiene en sus cargos a quienes permitieron la fuga de reos de alta peligrosidad sin enfrentar consecuencias inmediatas.
Esta semana también salió a la luz una grave denuncia presentada por el exviceministro de Seguridad, José Ronaldo Portillo Salazar, quien renunció a su cargo y expuso públicamente una presunta red de tráfico de personas dentro de la Policía Nacional Civil (PNC). Portillo responsabilizó a la viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, de haber recibido sobornos y de estar implicada directamente en la fuga de los reclusos.
Ambos —Portillo y Palencia— son los únicos que ya no forman parte del Ministerio, mientras que el resto de la cúpula del Mingob, señalada por presuntos actos de corrupción y negligencia grave, continúa en funciones.
La Comisión Presidencial contra la Corrupción conoce los detalles de la red y de los involucrados, pero hasta ahora no ha tomado ninguna acción pública, lo que genera serias dudas sobre la voluntad real de depuración dentro del gobierno.
La continuidad en sus cargos del ministro de Gobernación y su equipo, pese a graves acusaciones y una crisis penitenciaria sin precedentes, profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades encargadas de la seguridad nacional. La falta de consecuencias concretas tras la fuga de 20 reos de alta peligrosidad evidencia un preocupante vacío de autoridad y control dentro del Ejecutivo. La exigencia de transparencia y acciones firmes es cada vez más fuerte desde la población, que observa cómo el sistema institucional parece proteger a quienes deberían rendir cuentas.