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WhatsAppEl diputado Byron Rodríguez, del partido Todos, hizo pública una grave denuncia contra personal del Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito de Quetzaltenango, señalando la existencia de sobornos a cambio de favores judiciales. Un video viral en redes sociales revela cómo un trabajador del juzgado exige Q5,000 a un ciudadano para acelerar la liberación de un vehículo, destapando posibles actos sistemáticos de corrupción en la administración de justicia local.
La denuncia se basa en un video ampliamente difundido en redes sociales, en el que Erick Ulises Orozco Molina, encargado de registros y controles digitales del Juzgado Segundo de Asuntos Municipales de Tránsito de Quetzaltenango, le solicita a un ciudadano Q5,000 como “pago” para liberar un vehículo detenido por asuntos administrativos.
La evidencia grabada confirma una práctica que, según el diputado Rodríguez, se ha vuelto común dentro de esa institución, afectando directamente a ciudadanos que acuden por trámites legales y que terminan siendo extorsionados para obtener una resolución favorable o en menos tiempo.
El diputado denunciante explicó que, tras conocer estos hechos, citó formalmente a la jueza de tránsito y al trabajador involucrado, pero ambos han intentado evadir su comparecencia, acudiendo a acciones legales como amparos para evitar presentarse al Congreso.
El primer amparo presentado ya fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad (CC), y un segundo recurso fue entregado el día de ayer, aunque se prevé que también será rechazado, al basarse en argumentos ya descartados por el máximo tribunal constitucional del país.
Adicionalmente, el juzgado envió una notificación oficial al diputado Byron Rodríguez, en la que indica que la jueza no puede asistir a la citación, y que Erick Ulises Orozco Molina tampoco se presentará, alegando que solicitó licencia desde el 25 de septiembre. En el mismo documento, se califica la citación como un acto arbitrario e ilegal, postura que, sin embargo, ya fue desestimada por la CC en su fallo anterior.
Este caso evidencia la resistencia de ciertos funcionarios públicos a rendir cuentas ante el Congreso, a pesar de estar vinculados con hechos de corrupción documentados y difundidos públicamente. La negativa a comparecer no solo viola el principio de transparencia, sino que también obstruye el control político y fiscalización parlamentaria, que es una función constitucional del Legislativo.
El diputado Byron Rodríguez enfatizó que continuará el proceso de investigación y fiscalización, y pidió a la Contraloría de Cuentas que inicie de oficio las acciones penales correspondientes por los hechos captados en video, así como por la aparente estructura de sobornos instalada dentro del juzgado.