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WhatsAppUna reciente actividad en la aldea La Choleña ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado para fines políticos. En redes sociales, varios diputados independientes difundieron imágenes y mensajes en los que, acompañados del director del Fondo de Desarrollo Social (FODES), Carlos Orantes, supervisan la entrega de insumos a pequeños productores bajo el argumento de “fiscalización”.
Sin embargo, el contenido de las publicaciones, así como el lenguaje utilizado —como “la ayuda está llegando a quienes realmente la necesitan” y “nos aseguramos que cada producto llegue a las manos correctas”—, ha sido interpretado como un intento por posicionar políticamente a los diputados involucrados. Todo esto, a pesar de encontrarse fuera del período legal para actividades de promoción electoral.
¿Fiscalización o promoción política?
Organizaciones y analistas en temas de transparencia advierten que este tipo de acciones, donde funcionarios públicos son acompañados por diputados que no tienen competencia directa sobre los programas sociales ejecutados, pueden disfrazarse de fiscalización para justificar presencia proselitista. Además, la entrega de beneficios estatales en zonas rurales en compañía de cámaras y publicaciones partidizadas refuerza la percepción de una campaña anticipada encubierta.
Recursos públicos, narrativa política
El uso de plataformas institucionales y programas con presupuesto estatal para realizar giras con evidente carga mediática y presencia política podría constituir una violación al principio de equidad en la contienda electoral, así como un uso indebido de recursos públicos para fines distintos a los autorizados.
Llamado a la fiscalización real
Diversos sectores exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la Contraloría General de Cuentas que investiguen este tipo de actividades, particularmente cuando la “fiscalización” no se traduce en hallazgos, informes públicos o acciones correctivas, sino en contenidos autopromocionales con estructura de campaña.