La diputada Elena Motta y varios legisladores de la bancada independiente protagonizaron un nuevo episodio de vergüenza institucional durante una actividad cultural en la Embajada de México. El evento, destinado a fortalecer los lazos culturales entre ambos países, se convirtió en escenario de gritos, actitudes inapropiadas e incluso insultos hacia el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien también asistía como invitado oficial.
Testigos afirman que los diputados, visiblemente exaltados, increparon al rector y lo acusaron públicamente de supuestos abusos, en un intento evidente de presión política. La agresión verbal forma parte de una campaña sistemática impulsada por este grupo parlamentario que busca tomar el control de la USAC debido a las cuotas de poder e influencia institucional que la universidad mantiene en distintos órganos del Estado.
Los incidentes ocurrieron en un ambiente que debería haber sido de respeto y diplomacia. La embajada había organizado la actividad con todas las formalidades del caso, sin embargo, la conducta de los diputados fue calificada como inapropiada y ofensiva, no solo hacia los organizadores y diplomáticos mexicanos, sino también hacia la comunidad universitaria.
El marco legal es claro respecto a la conducta que se espera de los diputados. El artículo 53 del Decreto 63-94 del Congreso establece que los legisladores deben conducirse con dignidad y respeto, y el artículo 55 Bis subraya que deben comportarse en sus actividades públicas de forma que no socaven la confianza pública en el Congreso ni comprometan la institucionalidad del país.
Este acto bochornoso podría dar pie a sanciones, ya que el artículo 67 permite imponer amonestaciones, votos de censura e incluso la vacancia del cargo ante reincidencia de faltas éticas o de respeto. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de responder a esta situación con firmeza.
Organizaciones ciudadanas, diplomáticos y universitarios han expresado su repudio, señalando que hechos como este dañan la imagen del país, vulneran el respeto entre instituciones y amenazan la autonomía universitaria.