Margaret Satterthwaite, experta de la ONU, guarda silencio ante intentos del presidente guatemalteco por remover a la Fiscal General y colocar un fiscal afín
Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, ha sido enfática en sus críticas al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que calificó como una “remodelación del sistema judicial a su conveniencia”. Sin embargo, su reciente apoyo público al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo plantea una clara contradicción con los principios que ella misma defiende a nivel internacional.
Crítica a Trump, indulgente con Arévalo
En una entrevista con BBC Mundo, Satterthwaite acusó a Trump de haber colocado fiscales afines para proteger sus intereses, despidiendo a aquellos que lo investigaban, particularmente tras los disturbios del Capitolio en enero de 2021. También cuestionó al gobierno estadounidense por intentar burlar fallos judiciales, como en el caso de la deportación de más de 200 migrantes venezolanos.
“Lo que hemos visto aún no pasa a ser un claro desafío a una orden de un juez, pero creo que estamos al borde de eso”, señaló Satterthwaite.
Sin embargo, su postura cambia radicalmente cuando se trata de Guatemala. Durante su reciente visita al país, la relatora de la ONU hizo un llamado al Ministerio Público a “no criminalizar la política”, en clara referencia a los procesos judiciales contra miembros del cancelado partido Movimiento Semilla, a pesar de que ya existen condenas por corrupción en ese caso.
Apoya el intento de Arévalo por cambiar a la Fiscal General
Satterthwaite guarda silencio ante las declaraciones públicas del presidente Bernardo Arévalo, quien ha expresado abiertamente su deseo de remover a la Fiscal General Consuelo Porras y colocar en su lugar a un funcionario “alineado con su visión”. Esto equivale a la misma práctica que ella criticó en Trump: utilizar el poder político para alterar la estructura del sistema de justicia.
El Ministerio Público de Guatemala es una entidad autónoma, no supeditada al Ejecutivo, y la Constitución garantiza su independencia precisamente para evitar que un presidente imponga fiscales a su conveniencia. Sin embargo, la relatora de la ONU omite estos principios en su análisis sobre Guatemala.
Un informe hecho a pedido del gobierno y sin carácter oficial
Cabe destacar que el informe de Satterthwaite sobre el sistema de justicia guatemalteco fue elaborado a solicitud del presidente Arévalo y financiado por su gobierno, según ella misma admitió ante diputados del Congreso. Además, aclaró que no es un informe oficial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo cual desacredita su objetividad.
El contenido del informe replica la narrativa del Ejecutivo y del extinto Movimiento Semilla, omitiendo los hechos probados judicialmente, como la falsificación de firmas y el financiamiento irregular, y presenta como “criminalización” lo que en realidad son procesos legales en curso.
Conclusión: la relatora pierde credibilidad al aplicar un doble estándar
El caso de Margaret Satterthwaite expone el doble discurso de ciertos funcionarios internacionales, que condenan con firmeza los abusos de poder en países como Estados Unidos, pero respaldan abiertamente a gobiernos afines ideológicamente cuando intentan manipular el sistema judicial en su favor.
Apoyar el reemplazo de una fiscal por razones políticas en Guatemala es exactamente lo que ella denunció en otros contextos, y su silencio en este punto pone en duda su neutralidad, su autoridad moral y su compromiso real con la independencia judicial.