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WhatsAppUna polémica resolución judicial permite el traslado de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, del penal de máxima seguridad Renovación I hacia Fraijanes II, centro penitenciario que fue señalado como su “antiguo centro de operaciones criminales”. La decisión refleja cómo el sistema judicial guatemalteco sigue cediendo a intereses oscuros y beneficiando a líderes pandilleros.
El 17 de septiembre, la jueza Lisbeth Mireya Batún ordenó el traslado de “El Lobo”, de 40 años, condenado por asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado y asesinato en grado de tentativa, de la cárcel de máxima seguridad Renovación I hacia Fraijanes II.
La decisión se fundamentó en informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), institución dirigida por Alejandro Córdova, lo que levantó serias críticas debido al papel que la entidad ha jugado en los últimos años. En lugar de priorizar los derechos de quienes sufren persecución por denunciar la corrupción, la PDH parece enfocarse en otorgar beneficios a criminales de alto perfil.
El traslado contradice las acciones del Ministerio de Gobernación (Mingob), que semanas antes había concentrado a líderes del Barrio 18 y la MS-13 en penales de máxima seguridad como parte de una estrategia para cortar la comunicación y frenar la dirección de delitos desde prisión.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, advirtió que el Sistema Penitenciario impugnó la resolución judicial porque representa un riesgo directo para la seguridad de todos los guatemaltecos. El regreso de “El Lobo” a Fraijanes II revive los temores de que ese penal vuelva a ser un centro de mando para el Barrio 18.
La resolución ha sido interpretada como un ejemplo más del uso político y corrupto de la justicia en Guatemala, donde los criminales de alto rango obtienen privilegios mientras periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos enfrentan persecución y silencio institucional.
El traslado de “El Lobo” a Fraijanes II desnuda la fragilidad de un sistema judicial que, en lugar de garantizar justicia, parece proteger a los delincuentes más peligrosos. Esta decisión no solo socava los esfuerzos del Mingob por retomar el control del sistema penitenciario, sino que también envía un mensaje de impunidad a las estructuras criminales que siguen operando en el país. El caso confirma que, en Guatemala, la balanza de la justicia continúa inclinándose a favor de quienes representan una amenaza para la seguridad nacional.
«El pueblo no vale, prefirieron devolverle los privilegios a un asesino como Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo».»