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WhatsAppEn una conferencia de prensa este martes, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, presentó un contundente informe que evidencia anomalías cometidas durante el actuar de la extinta CICIG y el Ministerio Público bajo la dirección de la exfiscal general Thelma Aldana. Las acusaciones se centran en el uso irregular de la figura del colaborador eficaz, la intromisión en funciones del MP y una estrategia mediática para presionar al sistema judicial.
Curruchiche detalló que una de las principales irregularidades fue el desplazamiento de funciones del MP hacia la CICIG, rompiendo el marco legal guatemalteco. Según el fiscal, denuncias penales eran recibidas directamente por la CICIG, en lugar del Ministerio Público, y fiscales del MP compartían información de investigaciones confidenciales con funcionarios extranjeros de dicha comisión, violando protocolos institucionales.
Uno de los casos más alarmantes señalados fue el uso de un informe de 178 páginas entregado por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia y colaborador eficaz en múltiples casos judicializados. Curruchiche denunció que muchas de las afirmaciones contenidas en ese informe no fueron corroboradas ni validadas, pero aun así sirvieron como base para emitir órdenes de captura y montar casos penales en los denominados “Jueves de CICIG”, jornadas mediáticas que, según la FECI actual, buscaban generar presión social y manipular el curso de la justicia a través de los medios y redes sociales.
El fiscal indicó que estos patrones de actuación violaban el debido proceso y socavaban la independencia judicial, al utilizar información no verificada como prueba clave en casos de alto impacto que terminaron por condenar a diversas figuras públicas, sin garantizar la legitimidad de las pruebas.
gestión de Thelma Aldana, y refuerzan las denuncias de abuso de poder, manipulación judicial y uso político de la justicia en nombre de la lucha contra la impunidad. Las nuevas autoridades del MP llaman a revisar los expedientes impulsados por la comisión internacional y a restaurar la legalidad en los procesos afectados por supuestas prácticas irregulares.