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WhatsAppLa actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, atraviesa uno de los momentos más críticos desde su designación, al quedar expuesta en dos frentes judiciales: por un lado, Guatemala giró orden de captura en su contra por su presunta participación en el escandaloso caso Odebrecht; por otro, en Colombia ha sido denunciada penalmente tras ser señalada de mentir en un documento oficial en el marco de un proceso de corrupción de alto perfil.
En Guatemala, Camargo ha sido incluida entre los exfuncionarios de la CICIG acusados de haber encubierto una defraudación fiscal por casi Q3 mil millones. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentaron los indicios que motivaron a la Sala Tercera de Apelaciones a ordenar su aprehensión, junto a otras figuras como Iván Velásquez, Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.
El caso guatemalteco se centra en irregularidades cometidas durante la negociación del caso Odebrecht, donde supuestamente se manipularon procesos judiciales y se encubrieron delitos financieros con respaldo de estructuras internacionales, entre ellas la extinta CICIG.
Pero la presión contra Camargo no se limita al plano internacional. En Colombia, el influyente medio SEMANA reveló un escándalo de falsedad documental vinculado a su gestión actual como fiscal general. En concreto, Camargo habría mentido al asegurar que no tenía ninguna relación con las investigaciones relacionadas al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), específicamente en el caso de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.
Sin embargo, documentos internos de la misma Fiscalía evidencian que era ella quien tenía la última palabra sobre una eventual negociación de principio de oportunidad, lo que contradice directamente su versión firmada en un documento oficial dirigido a la Red de Veedurías Ciudadanas.
Esto llevó al abogado Pablo Bustos, presidente de dicha Red, a anunciar una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Según SEMANA, la actuación de Camargo no solo fue deliberada, sino que constituye un grave abuso de poder al negar su implicación en un caso donde sí ejercía autoridad directa.
La fiscal general Luz Adriana Camargo se encuentra acorralada judicialmente en dos países. Mientras en Guatemala se le señala como parte de un sistema corrupto que manipuló la justicia en favor de intereses oscuros, en Colombia su propio discurso institucional ha quedado desmentido por documentos oficiales, desencadenando una denuncia penal. Este escenario representa una crisis profunda de credibilidad y legalidad, tanto para ella como para las instituciones que representa, dejando en entredicho la legitimidad de su cargo al frente del Ministerio Público colombiano.
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