Gobierno de Arévalo arremete contra Fiscal General de EE. UU. tras señalamientos de vínculos con narcotráfico y Maduro

El gobierno de Bernardo Arévalo volvió a adoptar un tono confrontativo, esta vez contra la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, luego de que esta afirmara en una entrevista televisiva que el espacio aéreo guatemalteco estaría siendo utilizado como “puente” para actividades de narcotráfico vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. El pronunciamiento se da en medio de señalamientos que acusan a la administración Arévalo de mantener vínculos con estructuras criminales, siguiendo la misma línea de choque que ha mostrado a nivel interno contra el Ministerio Público guatemalteco.

En un comunicado oficial emitido el 14 de agosto de 2025, el Ejecutivo rechazó “enérgicamente” las declaraciones de Bondi, asegurando que Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales y que el país “no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro”.

El documento presume logros en materia de combate al narcotráfico, señalando que en los 19 meses de gobierno se habría reducido de 73 a solo una la cantidad de aeronaves ilegales que aterrizan anualmente en territorio nacional, además de cifras récord en incautaciones de drogas y la extradición de 11 personas por delitos de narcotráfico.

El gobierno también destacó acuerdos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. para modernizar puertos y la cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional para reforzar controles aeroportuarios.

Sin embargo, analistas y sectores críticos señalan que la respuesta de Arévalo mantiene la tónica de confrontación y victimización política, similar a la estrategia utilizada en el enfrentamiento con el Ministerio Público a nivel interno. Afirman que el comunicado, lejos de apaciguar tensiones diplomáticas, eleva el tono del conflicto con Washington y podría tener repercusiones en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

También advierten que las cifras y logros presentados por el Ejecutivo no han sido auditados por organismos independientes, lo que deja espacio para cuestionar la veracidad de los datos y su uso como herramienta de propaganda política frente a acusaciones de alto calibre.