Gobierno de Arévalo bajo la lupa: Contraloría denuncia millonario convenio firmado con UNOPS, dirigida por su hermano

El gobierno que prometió transparencia y lucha frontal contra la corrupción hoy enfrenta serias dudas sobre sus prácticas administrativas. La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) relacionada con un acuerdo por 943 millones de dólares firmado por el presidente Bernardo Arévalo con UNOPS, la agencia de la ONU dirigida en Guatemala por su hermano, Martín Arévalo. Mientras el caso permanece bajo reserva, los cuestionamientos por falta de transparencia y conflicto de interés no cesan.

Una auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas reveló posibles irregularidades en la firma de un convenio internacional por USD 943 millones entre el gobierno guatemalteco y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). La denuncia ya fue trasladada al Ministerio Público, aunque el contenido se mantiene bajo reserva judicial.

Lo que ha causado especial inquietud es que UNOPS en Guatemala está dirigida por Martín Arévalo, hermano del presidente. A pesar de que no se han revelado todos los detalles, se ha confirmado que la Contraloría considera que hay elementos suficientes para judicializar el caso, lo que refuerza las sospechas de que se podría estar ante un conflicto de interés directo en la administración pública.

A lo largo del gobierno del presidente Arévalo ha promovido múltiples mecanismos legislativos que buscan facilitar la firma de convenios con organismos internacionales, sin un esquema claro de fiscalización ni control público:

1. Artículo 5 de la ampliación presupuestaria 17-2025, que habilita la firma de convenios con organismos internacionales. Hasta la fecha, solo se ha firmado uno: el convenio con UNOPS, hoy bajo denuncia.
2. Iniciativa de Ley 6576, “Ley de Agilización de Trámites”, donde se incluyó el artículo 2, que facultaba a doce instituciones del Estado a firmar convenios sin control directo de la Contraloría ni del Congreso. Esta propuesta no avanzó por falta de respaldo.
3. Proyecto de presupuesto 6625 para 2026, que contiene el artículo 103, denominado de «inversión estratégica», con una redacción similar a las propuestas anteriores y el mismo propósito: dar vía libre a la ejecución de grandes montos sin mayor supervisión.

Estas repetidas maniobras legislativas apuntan a una intención clara de evitar la fiscalización tradicional, lo cual contradice de forma directa los principios de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción que Arévalo y su partido prometieron durante su campaña.

El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta una crisis de credibilidad. La denuncia de la Contraloría General de Cuentas, junto con los intentos legislativos para permitir gastos sin control fiscal claro, ponen en evidencia que el discurso de transparencia y combate a la corrupción se ha quedado en la retórica. Lo más irónico es que el presidente, quien juró combatir estas prácticas, hoy se ve señalado por posibles actos que buscan justamente evadir la fiscalización. La ciudadanía merece respuestas, y sobre todo, coherencia entre lo que se promete y lo que se hace con los recursos públicos.