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WhatsAppGuatemala, 19 de mayo de 2025 – El gobierno del presidente Bernardo Arévalo solicitó este lunes una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie sobre si los llamados derechos democráticos —como elegir y ser electo— deben ser considerados derechos humanos.
Aunque la solicitud ha sido presentada en términos jurídicos generales, analistas y voces críticas advierten que el verdadero propósito podría ser abrir la puerta a una eventual reelección presidencial, incluso si esta contradice la Constitución de la República.
Este movimiento se da pocas semanas después de que el Ejecutivo retirara la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual antes permitía a Guatemala invocar su legislación interna como argumento para no cumplir con obligaciones internacionales que contravinieran su Constitución. Sin esa reserva, el Estado guatemalteco podría verse obligado a dar primacía a tratados internacionales por encima de su carta magna.
¿Reelección como derecho humano?
Especialistas consultados consideran que el trasfondo de la consulta a la CIDH podría tener un objetivo político: invocar el derecho a la reelección como un derecho humano, amparado en convenciones internacionales, y por tanto, por encima de las prohibiciones constitucionales actuales que impiden la reelección presidencial en Guatemala.
Además, esta movida jurídica podría tener implicaciones inmediatas sobre el partido Semilla, actualmente cancelado por el Registro de Ciudadanos. De considerarse que los derechos políticos de participación y representación también son derechos humanos inviolables, podría abrirse una vía legal para intentar revertir o cuestionar la cancelación del partido oficialista.
Críticas y alertas
Sectores jurídicos, políticos y ciudadanos han expresado preocupación por este tipo de estrategias, a las que califican como una forma encubierta de buscar la perpetuación en el poder y de debilitar la institucionalidad democrática del país.
“Primero eliminan el escudo constitucional retirando la reserva al artículo 27 de Viena. Luego hacen una consulta a la CIDH que parece técnica, pero que puede tener un impacto político mayúsculo. Esta combinación no es casual”, comentó un constitucionalista que pidió anonimato.
Hasta el momento, el gobierno no ha aclarado públicamente los alcances de esta consulta ni su relación con el futuro político del presidente Arévalo o del cancelado partido Semilla.