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WhatsAppLa viceministra antinarcóticos Claudia Palencia ha anunciado la propuesta de una nueva Ley de Fortalecimiento Penitenciario y de Tratamiento ante Grupos Delictivos, centrada en la creación de un centro carcelario exclusivo para integrantes de maras y pandillas. La iniciativa incluye medidas de control tecnológico y restricción de derechos a los internos, con el objetivo de frenar las extorsiones y el crimen organizado desde las cárceles. Sin embargo, la propuesta también pone en evidencia la falta de avances en proyectos similares prometidos por el actual gobierno en su campaña política y sus primeros años de mandato.
Durante La Ronda este 6 de octubre, la viceministra antinarcóticos, Claudia Palencia, presentó una ambiciosa propuesta de ley cuyo principal eje es la creación de un centro penitenciario exclusivo para reclusos vinculados a maras y pandillas. La iniciativa contempla una serie de medidas estrictas y tecnológicamente avanzadas para garantizar el control total de las actividades dentro del penal.
Entre las disposiciones principales se encuentra la prohibición de ingreso de encomiendas, el restringido número de reos por celda (no más de dos), y la implementación de tecnologías de reconocimiento facial y de voz, con el fin de construir una base de datos que permita rastrear y vincular posibles extorsiones realizadas desde el interior del penal.
Además, se plantea un sistema de videovigilancia permanente, operado desde un centro de control externo las 24 horas del día, que supervisará tanto a los privados de libertad como al personal de custodia. En cuanto a las visitas, se establecería un esquema rígido de contacto a través de vidrios o videoconferencias, con el fin de controlar y registrar las conversaciones entre internos y visitantes.
La propuesta también incluye una reforma al artículo de extorsión del Código Penal. Con esta modificación, aquellas personas vinculadas a delitos de extorsión que hayan utilizado su cuenta bancaria para estos fines, quedarían inhabilitadas para utilizar productos financieros mientras dure la investigación. En caso de ser condenadas, se mantendría la prohibición durante el tiempo que dure su pena.
Si bien las autoridades destacan esta propuesta como un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, la presentación de esta iniciativa llega casi a la mitad del mandato presidencial, sin que hasta ahora se haya materializado ningún proyecto de construcción de centros penitenciarios especializados, a pesar de que durante la campaña se plantearon con firmeza este tipo de acciones como promesas centrales en materia de seguridad. A la fecha, no se han iniciado obras ni licitaciones para nuevos centros penitenciarios orientados exclusivamente al combate de estructuras criminales como las maras, lo que abre espacio para cuestionamientos sobre la verdadera voluntad política de ejecutar dichas promesas.
La propuesta de ley anunciada por la viceministra Palencia plantea medidas concretas y necesarias frente al fenómeno delictivo de las maras, cuyas operaciones desde los centros penitenciarios siguen afectando gravemente a la población. No obstante, la iniciativa también evidencia una reacción tardía por parte del Ejecutivo, considerando que esta fue una promesa de campaña que no ha mostrado avances tangibles en dos años de gobierno. La ciudadanía permanece a la espera de resultados concretos y no únicamente de nuevas propuestas legislativas.