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WhatsAppEl presidente Bernardo Arévalo protagonizó este jueves 7 de agosto un nuevo show político desde el Palacio Nacional de la Cultura, rodeado de autoridades indígenas afines a su movimiento y que participaron activamente en los bloqueos de 2023. Bajo el pretexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, presentó una iniciativa de ley que, más allá del discurso oficial, parece ser una estrategia para encubrir y empujar la aprobación de su cuestionada reforma a la Ley de Compras del Estado, que permitiría adjudicar contratos sin licitación por los próximos tres años.
Durante el evento denominado “La Ronda”, el Ejecutivo presentó una reforma al artículo 30 BIS del Decreto 101-97, que permitiría la ejecución de obras públicas en territorios comunales sin que estén inscritos formalmente a nombre del Estado. Aunque presentada como una medida para facilitar el desarrollo en comunidades indígenas, esta propuesta llega de forma oportuna para ser utilizada como vehículo político que allane el camino a otra iniciativa mucho más polémica: la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, impulsada directamente por Arévalo.
Dicha reforma pretende eliminar el requisito de licitación en las compras del Estado durante tres años, abriendo la puerta a adjudicaciones directas, sin control, ni transparencia. Diversos sectores han advertido que esta medida fomentaría la corrupción institucionalizada, beneficiando únicamente a empresas cercanas al oficialismo, y debilitando aún más los ya frágiles mecanismos de fiscalización en la administración pública.
La presentación conjunta de estas dos iniciativas —una de carácter social y otra de carácter económico— ha sido vista por analistas como una estrategia para manipular emocionalmente a la opinión pública y al Congreso de la República. Al vincular la propuesta indígena con la ley de compras, se intenta forzar la aprobación de ambas en bloque, utilizando el respaldo de grupos como los 48 Cantones de Totonicapán y otras organizaciones que ya demostraron su capacidad de movilización en años anteriores.
El discurso presidencial y las intervenciones de autoridades indígenas giraron en torno a la supuesta necesidad de «romper con el abandono histórico», pero evitaron pronunciarse sobre la peligrosa propuesta de compras sin licitación, que ha sido criticada por carecer de cualquier tipo de control externo o rendición de cuentas.
En medio del acto, la Subsecretaría de Comunicación promovió masivamente el evento en redes oficiales, evidenciando que el evento no fue un espacio de diálogo auténtico, sino una puesta en escena cuidadosamente planificada para encubrir intenciones políticas mucho más profundas.