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WhatsAppEl 31 de julio venció el plazo para el pago del impuesto de circulación en Guatemala, sin que el Congreso de la República aprobara una prórroga. Miles de guatemaltecos cumplieron con esta obligación, a pesar de que la red vial del país se encuentra en condiciones deplorables, y de las múltiples fallas reportadas en los sistemas de la SAT y bancos autorizados.
En un contexto de abandono total de la infraestructura vial, agujeros, tramos destruidos y carreteras intransitables, los guatemaltecos enfrentaron nuevamente la obligación de pagar el impuesto de circulación. El Congreso, dominado por el oficialismo encabezado por el presidente del Legislativo, Nery Ramos, no aprobó ninguna prórroga, dejando a miles de ciudadanos en una situación crítica.
Desde las primeras horas del 1 de agosto, la Policía Nacional Civil (PNC) de Tránsito y las Policías Municipales de Tránsito (PMT) de distintos municipios iniciaron operativos para verificar el pago del impuesto. Las autoridades empezaron a imponer multas tanto por incumplimiento como por la falta del distintivo correspondiente, incluso en casos donde usuarios no lograron pagar por fallas en los sistemas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) o por falta de recursos ante la crisis económica.
El día previo al vencimiento, las redes sociales se inundaron de denuncias ciudadanas. Usuarios reportaron caídas en las plataformas electrónicas de bancos y la SAT, lo cual impidió completar el proceso a tiempo. La situación se agravó con los comentarios e imágenes de carreteras completamente abandonadas, evidenciando el deterioro de la red vial nacional.
En una reciente citación en el Congreso, el ministro de Comunicaciones admitió que el actual gobierno, encabezado por Bernardo Arévalo, no ha dado mantenimiento a ningún kilómetro de carretera desde que asumió funciones. Esta declaración generó indignación entre los ciudadanos, más aún cuando el partido oficialista Movimiento Semilla criticaba fuertemente estas deficiencias cuando era oposición.
Pese a la presión social, el Ejecutivo ha optado por impulsar una polémica iniciativa de ley que permitiría adjudicar proyectos de infraestructura sin necesidad de licitación, lo que abriría la puerta a adjudicaciones directas sin controles ni transparencia por un período de tres años. La propuesta ha sido rechazada por diversos sectores de oposición en el Congreso, que la califican como un «cheque en blanco» para la corrupción.
Aunque existen pequeños esfuerzos de algunas autoridades locales para flexibilizar las sanciones ante los retrasos en el pago del impuesto, la realidad sigue siendo crítica. Mientras se imponen multas, las carreteras del país continúan colapsadas y sin atención.