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Magistrada Blanca Alfaro podría enfrentar proceso de antejuicio tras revés en la CC por Caso TREP
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Magistrada Blanca Alfaro podría enfrentar proceso de antejuicio tras revés en la CC por Caso TREP

Salvador Aquino

La crisis institucional en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suma un nuevo capítulo. Este jueves, se conoció que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, por mayoría, no otorgar un amparo en definitiva a la magistrada Blanca Alfaro, presidenta en funciones del TSE, lo cual abre la puerta a un proceso de antejuicio en su contra por su presunta vinculación en el Caso TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares).

La decisión judicial retira la protección legal que desde 2023 había blindado a Alfaro del proceso penal promovido por el Ministerio Público. Esto significa que, si el Congreso de la República así lo decide, puede conformar una comisión pesquisidora para evaluar los argumentos legales que justifiquen su eventual remoción del cargo.

Al ser consultada este mismo jueves, Alfaro declaró que no ha sido notificada formalmente por la CC sobre la resolución que afecta directamente su continuidad como máxima autoridad electoral. “No tengo conocimiento oficial aún, pero esperaré el curso legal correspondiente”, indicó escuetamente.

El Caso TREP, impulsado por el MP, investiga presuntas irregularidades en la contratación y funcionamiento del sistema de transmisión de resultados preliminares durante las elecciones generales de 2023, lo cual ha generado intensos cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.

Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad no solo desestabiliza aún más al ya debilitado TSE, sino que podría ser aprovechada políticamente por fuerzas en el Congreso que han buscado influir en la independencia del ente electoral. La resolución también reaviva temores sobre una posible cooptación institucional, justo en momentos donde el país enfrenta serios cuestionamientos sobre el respeto al Estado de derecho.

El futuro inmediato de Blanca Alfaro como presidenta del TSE queda ahora en manos del Congreso, que deberá decidir si activa el procedimiento de antejuicio y permite que la magistrada enfrente un proceso penal. Mientras tanto, la credibilidad del sistema electoral continúa bajo una nube de incertidumbre.

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