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WhatsAppRelatora de la ONU elaboró un informe parcial a petición del presidente, con financiamiento estatal y línea narrativa oficialista
La figura de Margaret Lockwood Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, ha ganado notoriedad en Guatemala tras confirmarse que fue convocada directamente por el presidente Bernardo Arévalo para elaborar un informe sobre el estado del sistema de justicia en el país. El documento, presentado de manera privada, sigue al pie de la letra los argumentos del mandatario y de los exdiputados del cancelado partido Movimiento Semilla, sin reconocer el contexto legal de los procesos judiciales en curso.
Informe no es oficial y fue financiado por el Estado de Guatemala
Durante una reunión con diputados del Congreso de la República, la propia Satterthwaite admitió que el informe no es oficial ni responde a una solicitud del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino a una invitación del presidente Arévalo, lo que pone en entredicho su imparcialidad. Además, se confirmó que el informe fue financiado con recursos del gobierno guatemalteco, lo que plantea serias dudas sobre su objetividad e independencia institucional.
Una relatora con historial político ideológico
Satterthwaite ha intervenido en casos internacionales polémicos, como el de Kiribati, donde denunció la suspensión de jueces que se opusieron al Ejecutivo; el de Sri Lanka, donde respaldó a un abogado sancionado por atacar a magistrados, y el del Reino Unido, donde criticó leyes que limitan el rol del poder judicial en decisiones de migración.
En 2024, también se pronunció en contra de la venta de armas a Israel en el contexto del conflicto en Gaza, alineándose con otros relatores de línea ideológica de izquierda.
Crítica a Trump, apoyo a Arévalo
En Estados Unidos, Satterthwaite ha sido crítica del presidente Donald Trump, acusándolo de “moldear el sistema de justicia en sus propios términos”, especialmente por remover fiscales que investigaban a su círculo cercano. Paradójicamente, en Guatemala apoya abiertamente la narrativa de Bernardo Arévalo, quien ha atacado públicamente al Ministerio Público y ha expresado su intención de remover a la Fiscal General Consuelo Porras por no seguir las líneas del Ejecutivo.
Esta posición contradice el rol del MP como entidad autónoma e independiente del poder político, conforme lo establece la Constitución de la República.
Un informe alineado con los intereses del oficialismo
El informe redactado por Satterthwaite ignora los hechos judiciales que dieron origen al caso de corrupción contra el partido Movimiento Semilla, donde ya hay condenas firmes, incluyendo personas que aceptaron su participación en la falsificación de firmas para su inscripción electoral. En lugar de reconocer estos hechos, la relatora reproduce la narrativa de “criminalización de la política” promovida por el presidente y sus exdiputados, minimizando las evidencias judiciales.
Conclusión: instrumentalización de organismos internacionales para fines partidarios
El caso de Margaret Satterthwaite es un ejemplo claro de cómo se puede manipular la imagen de imparcialidad de la ONU para respaldar agendas políticas nacionales. Su involucramiento, lejos de fortalecer la independencia judicial, socava la credibilidad de los organismos internacionales, al convertirse en vocera de un presidente que busca controlar al sistema de justicia, incluso a costa de la legalidad y de la autonomía de instituciones clave como el Ministerio Público.