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WhatsAppEl Ministerio de Gobernación, liderado por Francisco Jiménez, se ha visto envuelto en un nuevo escándalo tras revelarse que adjudicó Q209 mil en contratos por compra directa para la producción de tres videos publicitarios, dos en TikTok y uno en Facebook. La empresa beneficiada, Latin Web S.A., ha facturado más de Q3.5 millones al Estado en servicios similares, y se encuentra vinculada a Damaris Aracely Pérez Cardona, exasesora del Congreso.
Con esta última adjudicación, el Ministerio de Gobernación se suma a una preocupante tendencia de uso de recursos públicos para pagar campañas en redes sociales, muchas veces sin transparencia y favoreciendo a empresas cercanas al actual gobierno.
Los contratos, otorgados recientemente mediante tres eventos de compra directa, suman Q209 mil quetzales por la producción y difusión de tres videos —dos destinados a TikTok y uno a Facebook—. Lo más grave es que uno de estos contratos asciende a Q90 mil, cifra que coincide exactamente con el límite legal permitido para evitar procesos de licitación pública, lo que genera sospechas sobre la intención de fraccionar compras o evadir controles de fiscalización.
La empresa favorecida, Latin Web S.A., tiene un historial cuestionable. De acuerdo con registros oficiales, ha facturado más de Q3.5 millones en pautas y servicios digitales al Estado, siendo recurrentemente contratada por instituciones bajo control del oficialismo. Además, se ha confirmado que esta entidad está vinculada a Damaris Aracely Pérez Cardona, exasesora del Congreso de la República.
El caso ha generado indignación en redes sociales y entre analistas políticos, quienes denuncian que se trata de un mecanismo de desvío de fondos públicos hacia empresas o personas afines al gobierno, utilizando la excusa de supuestas estrategias digitales. La falta de transparencia, el uso abusivo del renglón de compra directa y los montos desproporcionados por contenidos de bajo costo cuestionan severamente la ética en el manejo del presupuesto nacional.
Cabe resaltar que esta práctica no es aislada. En semanas recientes se han revelado casos similares en el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y otras dependencias, donde se han contratado tuiteros, tiktokers y figuras pro-oficialistas con salarios o contratos onerosos, en clara contradicción con la promesa de austeridad realizada por Bernardo Arévalo en campaña.