Ministra del MAGA confirma denuncia por anomalías en compra de fertilizantes; diputados denuncian posible mal manejo de Q130 millones

En medio de crecientes cuestionamientos por parte de diputados de oposición, la Ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), María Fernanda Rivera, reveló este martes que se interpuso una denuncia formal contra el proceso de compra de fertilizantes. El caso involucra posibles irregularidades en la utilización de fondos públicos, sin que hasta ahora se haya determinado quiénes serían los responsables directos.

Durante su comparecencia ante el Congreso de la República, la ministra Rivera confirmó que la denuncia fue presentada «en contra del proceso como tal», sin precisar si la misma involucra de manera directa al exministro de la cartera o a exviceministros de administraciones anteriores. La denuncia se relaciona con posibles irregularidades en la gestión de fondos destinados al programa de fertilizantes, que fue parte de la ampliación presupuestaria de 2024.

Diputados del partido VOS, entre ellos José Chic, afirmaron que hay inconsistencias graves en el uso de Q130 millones de quetzales, destinados supuestamente a la compra de insumos agrícolas. Según detallaron, dichos fondos se utilizaron sin dejar constancia clara de qué se compró y a qué programas fueron destinados, lo que levanta sospechas de posible corrupción y desvío de recursos públicos.

Además, los parlamentarios cuestionaron duramente la decisión de adjudicar la compra de fertilizantes a un organismo internacional, que estaría cobrando un 8% de comisión por su gestión, lo cual, según los diputados, encarece artificialmente el producto que será entregado a los agricultores guatemaltecos.

“El programa ya arrastra vicios y sobrevaloraciones desde gobiernos anteriores. No podemos permitir que, en nombre de la transparencia, se traslade la compra a una entidad extranjera que además eleva los costos”, declaró el diputado Chic.

Los diputados solicitaron al MAGA presentar informes detallados y públicos sobre el uso de los Q130 millones, así como los contratos firmados con organismos internacionales. Advirtieron que, de no recibir respuestas claras, impulsarán una investigación parlamentaria más amplia.