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WhatsAppEl ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, generó fuerte controversia al emitir declaraciones en sus redes sociales en contra de los docentes que participan en las actuales manifestaciones. A pesar de que protestar es un derecho constitucional, el funcionario advirtió que “no permitirá más bloqueos”, señalando la supuesta afectación a la educación, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como una amenaza directa.
En una publicación realizada este día lunes, el ministro Francisco Jiménez criticó abiertamente las jornadas de protesta llevadas a cabo por el magisterio, asegurando que los maestros han dejado sin clases a más de 300 mil niños durante 40 días efectivos. “Más de 300,000 niños siguen fuera de las aulas, aprendiendo en las calles lo que NO deberían aprender”, afirmó el ministro en su mensaje.
El titular de Gobernación también atacó directamente al dirigente sindical Joviel Acevedo, responsabilizándolo por los bloqueos registrados en distintos puntos del país. “No permitiremos que los #Bloqueos de #JovielAcevedo limiten también el derecho a la libre locomoción de los demás”, expresó, concluyendo su publicación con el controvertido hashtag “#GobernAcción”.
Las palabras del funcionario se dan en un contexto de creciente represión por parte del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, quien ha adoptado una postura cada vez más autoritaria frente a las manifestaciones que critican su gestión. Esta actitud contrasta fuertemente con la mostrada en octubre de 2023, cuando Arévalo respaldaba activamente los bloqueos realizados en su favor e incluso hacía llamados a los agentes de la Policía Nacional Civil para que desobedecieran órdenes de represión.
Sectores sociales han cuestionado el aparente doble discurso del actual gobierno, que pasó de defender la protesta como un derecho legítimo a estigmatizarla y amenazar con medidas de fuerza contra quienes la ejercen. La comunidad educativa, por su parte, insiste en que sus acciones responden a la falta de cumplimiento de compromisos básicos por parte del Estado, incluyendo el abastecimiento de recursos, pagos atrasados y condiciones dignas para la enseñanza.