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WhatsAppEl ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, expresó su sorpresa ante la iniciativa presentada por diputados para declarar a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista. Aunque reconoce la gravedad de las maras, Jiménez insiste en que esta designación no es viable legalmente. Sin embargo, su postura ha generado críticas ante la evidente pasividad del Ministerio frente a un fenómeno criminal que continúa sembrando terror en el país.
En declaraciones ofrecidas a medios, el ministro Francisco Jiménez manifestó su asombro por la intención de varios diputados de catalogar como terroristas a los integrantes de la pandilla Barrio 18, una de las estructuras criminales más violentas en Guatemala y la región. Según Jiménez, «legalmente no se puede designar a nadie como terrorista«, y remarcó que esta tarea no le compete al Ejecutivo.
A pesar de las acciones violentas recurrentes atribuidas a las maras incluyendo extorsiones, asesinatos, amenazas a transportistas y control territorial, el ministro optó por subrayar las limitaciones legales en lugar de impulsar medidas contundentes. Aseguró que la actual “Ley contra la Delincuencia Organizada” es la herramienta adecuada para enfrentar a estos grupos, aunque también admitió que requiere reformas para ser más efectiva, especialmente en temas penitenciarios y procesales.
El ministro también aclaró que la propuesta discutida recientemente en el Congreso no constituye una iniciativa de ley, sino una recomendación política para que el Gobierno designe a la pandilla como grupo terrorista. No obstante, Jiménez fue enfático en que no es legalmente posible atribuir esa categoría sin un marco jurídico específico.
A pesar de estas declaraciones, el titular de Gobernación reconoció que las maras han evolucionado. “Ya no son las bandas juveniles de hace 20 años”, dijo, señalando que ahora operan como estructuras de crimen organizado con alto nivel de amenaza tanto para Guatemala como para el resto de la región. Sin embargo, frente a esta transformación del fenómeno criminal, las acciones desde el Ministerio continúan siendo limitadas y principalmente discursivas.
Mientras las pandillas como Barrio 18 consolidan su poder territorial y su estructura delictiva tanto en libertad como dentro de centros penitenciarios, la respuesta del Ministerio de Gobernación sigue centrada en explicaciones técnicas y consideraciones legales. La falta de acciones directas y de propuestas firmes de parte de esta cartera ante una amenaza evidente y creciente genera preocupación, especialmente cuando las comunidades más afectadas exigen medidas concretas y urgentes. La clasificación o no como “terroristas” puede ser discutible legalmente, pero la inacción ya no lo es.