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WhatsAppA pesar de que el Decreto 33-2024 fue aprobado hace varios meses por el Congreso de la República, diversas municipalidades, incluida la de la Ciudad de Guatemala, continúan imponiendo multas de tránsito por videocámaras y colocando cepos sin cumplir con las nuevas disposiciones legales. El diputado Cristian Álvarez, del partido Creo, denunció públicamente la falta de voluntad para adecuarse a la normativa vigente, afectando a miles de conductores en todo el país.
El decreto establece que los conductores pueden portar su calcomanía de circulación en formato digital desde sus dispositivos móviles, y también dispone que las multas de tránsito deben ser notificadas oportunamente, para evitar que los ciudadanos acumulen deudas sin siquiera haber sido informados de las infracciones.
Sin embargo, según detalló el diputado Álvarez, muchas comunas, especialmente la Municipalidad de Guatemala y la de Antigua, continúan utilizando sistemas automatizados de cobro de multas a través de cámaras, sin que exista una notificación previa a los conductores. Esto genera acumulación de sanciones y recargos, lo que contradice el objetivo del decreto, que es corregir conductas, no recaudar dinero de forma arbitraria.
“Las multas no son para recaudar fondos, son para corregir comportamientos viales, y por eso se deben de notificar lo más pronto posible”, afirmó Álvarez.
Otro punto del decreto que sigue siendo ignorado por algunas municipalidades es el que limita los operativos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en rutas nacionales, los cuales solo pueden realizarse con autorización de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, se prohíbe la colocación de cepos sin que estos sean retirados inmediatamente tras notificar al infractor.
Pese a esto, las prácticas continúan. De hecho, varias municipalidades han interpuesto acciones legales para no aplicar el decreto, lo que evidencia un choque de intereses entre el poder local y el marco legal nacional.
El diputado Cristian Álvarez informó que ya se han presentado recursos contra la Municipalidad de Guatemala y que el Congreso discute una reforma que podría incluir la anulación automática de multas no notificadas dentro de un plazo razonable.
Mientras tanto, los conductores siguen enfrentando cepos arbitrarios, multas electrónicas acumuladas y procedimientos que contradicen la ley, en un contexto donde algunas alcaldías parecen más enfocadas en preservar su sistema de ingresos que en cumplir con la legislación vigente.
La ciudadanía y los legisladores demandan transparencia, legalidad y respeto a los derechos de los guatemaltecos.