Norma Torres y delegación de EE. UU. refuerzan control sobre Arévalo

La congresista demócrata Norma Torres, junto a una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos y el embajador Tobin Bradley, se reunió recientemente con el presidente Bernardo Arévalo de León. Aunque el encuentro fue presentado como parte de una agenda de cooperación bilateral, la presencia de Torres —conocida por su afinidad con la agenda progresista del Partido Demócrata— revive cuestionamientos sobre la injerencia política de EE.UU. en Guatemala, especialmente por su papel clave en el ascenso de Arévalo al poder durante las controvertidas elecciones de 2023.

Dentro de la delegación destacó la figura de la congresista Norma Torres, quien ha sido una de las principales promotoras de sanciones y presiones políticas contra actores conservadores, jueces, fiscales, diputados y empresarios guatemaltecos que se opusieron al avance del ahora oficialismo. Durante la administración Biden, Torres fue una pieza clave en la imposición de listas de sancionados y en el bloqueo de candidaturas incómodas para los intereses demócratas, bajo el pretexto de lucha contra la corrupción.

Diversos sectores han señalado que la intervención directa de congresistas como Norma Torres manipuló el panorama electoral de 2023, debilitando a los contendientes de Bernardo Arévalo mediante presiones diplomáticas, amenazas de restricciones de visas y financiamiento encubierto a estructuras afines al Movimiento Semilla. La supuesta imparcialidad del proceso electoral quedó en entredicho tras múltiples denuncias de irregularidades que nunca fueron investigadas a fondo.

Además, la agenda promovida por Torres en Guatemala responde directamente al modelo progresista global del Partido Demócrata de Estados Unidos, centrado en imponer políticas ideológicas “woke” disfrazadas de cooperación internacional, debilitando las estructuras conservadoras del país bajo el pretexto de fortalecimiento democrático.

Durante la reunión, se resaltó la “cooperación contra el crimen organizado transnacional” y la «eliminación de la inmigración ilegal», dos prioridades que han sido abiertamente impuestas desde Washington y aceptadas sin objeción por el gobierno de Arévalo. Bajo su administración, Guatemala ha recibido miles de deportados no solo de origen guatemalteco, sino también de terceros países, funcionando de facto como un ‘tercer país seguro’, pese a no haber firmado formalmente tal acuerdo.