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WhatsAppLa Organización de Estados Americanos (OEA) anunció el envío de una misión especial para “observar” la elección del Fiscal General, magistrados del TSE, CC y Contralor General de Cuentas en Guatemala. Aunque se presenta como un acompañamiento técnico, crecen las críticas por la evidente injerencia en asuntos que son competencia exclusiva del Estado guatemalteco.
La Secretaría General de la OEA comunicó esta semana la conformación de una misión especial que arribará a Guatemala para “dar seguimiento” a los procesos de elección de autoridades que deben regir en los próximos años. Esta misión, que incluye a representantes de Ecuador, Venezuela y Chile, asegura buscar el fortalecimiento institucional, pero los hechos apuntan en otra dirección.
Los cargos en disputa –Fiscal General del Ministerio Público, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC) y Contraloría General de Cuentas (CGC)– son pilares fundamentales del sistema democrático guatemalteco. En un país soberano y constitucionalmente independiente, su elección debe recaer exclusivamente en las instituciones nacionales, sin la intromisión de organismos internacionales que no tienen mandato ni legitimidad para intervenir en decisiones internas.
La misión estará compuesta por María Paulina Aguirre (Ecuador), Carlos Ayala Corao (Venezuela) y Marcela Ríos Tobar (Chile), todos ellos relacionados con gobiernos de corte ideológico de izquierda. Esta selección ha encendido alarmas entre sectores conservadores y democráticos del país, que ven en esta “observación” un intento encubierto de condicionar o deslegitimar decisiones soberanas bajo el pretexto del acompañamiento técnico.
Además, la historia reciente de la OEA en Guatemala ha estado marcada por una constante intervención en procesos que deberían ser resueltos internamente. Lo que debiera ser un proceso institucional y autónomo, corre el riesgo de ser contaminado por agendas externas que no responden al interés nacional ni a los valores tradicionales que sostienen el orden constitucional guatemalteco.
Aunque el gobierno facilitó la llegada de la misión, muchos cuestionan la legalidad y conveniencia de permitir que observadores internacionales participen en decisiones tan delicadas. La independencia judicial y la separación de poderes no se fortalecen con supervisión extranjera, sino con el respeto absoluto a la soberanía y al Estado de Derecho.