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WhatsAppEn una reseña publicada recientemente, el abogado Omar Barrios expuso los antecedentes de cómo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) rechazó las reformas constitucionales impulsadas en 2016 por la CICIG, el Ministerio Público y con respaldo directo de la Embajada de Estados Unidos. La propuesta fue desestimada tras un análisis jurídico que, según Barrios, evidenció su ilegalidad y violación a la soberanía nacional.
Durante el año 2016, según relata Barrios, la iniciativa de reformas constitucionales fue promovida por actores externos como Todd Robinson (entonces embajador de EE.UU.) e Iván Velásquez (comisionado de la CICIG). Estas modificaciones buscaban cambios estructurales al sistema de justicia guatemalteco, pero fueron fuertemente cuestionadas por su injerencia internacional, lo cual contradice lo dispuesto en el Artículo 137 de la Constitución Política de la República.
Barrios fue designado por el presidente del CANG en ese entonces, Marco Sagastume, para realizar un análisis técnico de las reformas. En su dictamen, Barrios concluyó que las propuestas eran inconstitucionales. El resultado de su análisis fue presentado públicamente durante el XXIV Congreso Jurídico del CANG, recibiendo —según sus palabras— un respaldo masivo de la comunidad jurídica presente.
Posteriormente, la votación del gremio de abogados fue clara: la mayoría votó “NO” a las reformas, y la junta directiva del CANG entregó oficialmente esta postura al Congreso de la República. Algunos diputados, influenciados por el argumento técnico del Colegio, decidieron frenar el avance de dicha reforma, explicó Barrios.
El abogado también denunció que el video de su exposición fue eliminado de redes sociales por autoridades posteriores que, en su opinión, actuaron en complicidad con la CICIG. Además, afirmó que recibió represalias por su postura, evidenciando el riesgo que, según él, implicaba oponerse a estructuras internacionales con amplio poder político y financiero.