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WhatsAppLa Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su secretario general António Guterres, emitió este martes un mensaje que ha generado fuerte controversia en Guatemala, al reiterar que los exfuncionarios colombianos Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez, ambos con orden de captura emitida por el Ministerio Público de Guatemala, gozan de inmunidad frente a procesos judiciales.
Según la ONU, tanto Camargo como Velásquez —quienes integraron la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)— no pueden ser procesados por actos realizados durante su misión en el país. Esta declaración ha sido interpretada por diversos sectores como una inaceptable injerencia internacional y un intento de blindar a exfuncionarios acusados de haber cometido irregularidades durante su gestión.
El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, declaró que dicha inmunidad se extiende incluso después de haber dejado sus cargos en la CICIG, un punto que ha encendido alarmas entre quienes consideran que nadie puede estar por encima de la ley guatemalteca. Además, la ONU advirtió que el Estado guatemalteco tiene la obligación de proteger a estos personajes de “abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación”, lo cual ha sido percibido como una postura de presión directa sobre las instituciones nacionales de justicia.
Cabe recordar que tanto Velásquez como Camargo ocupan actualmente cargos relevantes en Colombia: él como embajador ante el Vaticano y ella como fiscal general. Sin embargo, en Guatemala son señalados por el Ministerio Público en investigaciones vinculadas a presuntas actuaciones ilegales durante su paso por la CICIG, entidad que terminó su mandato en medio de cuestionamientos, divisiones sociales y acusaciones por supuesta manipulación judicial y persecución política.
La respuesta de la ONU no se ha hecho esperar ante las acciones del Ministerio Público, lo que vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible para la soberanía del país: la intromisión de organismos internacionales en procesos judiciales internos y el intento de imponer un manto de inmunidad sobre personas investigadas por autoridades guatemaltecas.
Mientras el sistema judicial avanza con sus procedimientos, la ciudadanía observa con preocupación cómo la presión internacional pretende deslegitimar el trabajo del Ministerio Público y blindar de la justicia nacional a exfuncionarios que, lejos de rendir cuentas, hoy buscan refugio bajo la protección diplomática.