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WhatsAppEl Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo en la aldea Xexuxcap, municipio de Nebaj, Quiché, tras una denuncia por tráfico ilícito de migrantes. Una mujer fue entregada a criminales en México por un supuesto coyote de la misma comunidad, lo que derivó en una exigencia de rescate a sus familiares. Las autoridades buscan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del MP, en conjunto con la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil, ejecutó este jueves una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada en la aldea Xexuxcap, Nebaj, departamento de Quiché. Esta acción judicial tiene como objetivo la inspección, registro y secuestro de posibles evidencias relacionadas con un caso de tráfico ilícito de personas.
El operativo fue resultado de una denuncia presentada por familiares de una mujer migrante, quien fue reportada como desaparecida tras ser trasladada ilegalmente hacia los Estados Unidos por un presunto traficante de personas, comúnmente conocidos como coyotes, originario del mismo sector.
Según las primeras líneas de investigación, el sindicado habría entregado a la víctima a ciudadanos mexicanos vinculados a estructuras criminales, quienes posteriormente exigieron fuertes sumas de dinero a los familiares de la mujer a cambio de su liberación. Esta modalidad extorsiva ha sido documentada en otros casos de tráfico de migrantes, donde las víctimas terminan en manos de redes transnacionales que operan impunemente en la región.
La mujer ya fue localizada y se encuentra de regreso en Guatemala. Las autoridades buscan, a través de este allanamiento, obtener pruebas que permitan establecer la responsabilidad penal de los involucrados y fortalecer el expediente judicial. El Ministerio Público indicó que se está recolectando evidencia que sea “suficiente, necesaria, idónea y legal” para llevar a los responsables a proceso penal.
Este caso pone en evidencia una vez más cómo el crimen organizado se infiltra hasta en las comunidades rurales, aprovechándose de la desesperación de quienes buscan migrar. Aunque el MP afirma que mantiene su compromiso en la lucha contra este delito, las redes de tráfico de personas siguen operando en distintos puntos del país con poca disuasión real.
Mientras la migración forzada continúa siendo una realidad para miles de guatemaltecos, los coyotes y redes internacionales siguen explotando esta necesidad ante la limitada capacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad. Las autoridades tienen la responsabilidad de ir más allá de operativos aislados y garantizar procesos judiciales eficaces que envíen un mensaje claro contra este delito.