Ordenan captura de Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo y otros exfuncionarios de CICIG por millonaria defraudación

En un hecho sin precedentes, la Sala Tercera de Apelaciones giró órdenes de captura contra Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG, y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, ambos exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La acción fue solicitada por el Ministerio Público (MP) con base en una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y un requerimiento presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

La orden de aprehensión también incluye a otras figuras de alto perfil, señaladas por su supuesta participación en una red de corrupción que habría generado una defraudación de casi Q3 mil millones al Estado guatemalteco. Entre los sindicados figuran:

• Iván Velásquez, exjefe de CICIG
• Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia
• Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala
• Mayra Véliz, exsecretaria general del MP
• Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI
• Alfonso Carrillo, abogado
• Juan Pablo Carrasco, abogado empresarial
• Personeros de la constructora Odebrecht, entre otros.

Según la FECI, estas personas habrían cometido actos ilícitos relacionados con la negociación irregular del caso Odebrecht, encubriendo delitos financieros y facilitando el desvío multimillonario de fondos públicos, mediante acuerdos fraudulentos y manipulación de procesos judiciales.

Los hechos están vinculados a presuntas irregularidades en los acuerdos de colaboración eficaz firmados con directivos de Odebrecht, empresa brasileña involucrada en sobornos a nivel internacional. Se alega que dichos acuerdos fueron usados como instrumentos de encubrimiento, bajo el respaldo de la CICIG y actores del MP, beneficiando a corruptos y empresas extranjeras a costa del erario nacional.

Con esta serie de órdenes de captura, el Estado guatemalteco marca un punto de inflexión en el proceso de recuperación institucional, al responsabilizar judicialmente a quienes por años gozaron de poder e inmunidad bajo el paraguas de organismos internacionales. La población ahora espera que las capturas se concreten y que los implicados enfrenten la justicia por el grave daño económico y político causado al país.