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WhatsAppEl Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdoba, anunció este jueves la interposición de una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de garantizar el desembolso de fondos al Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), una de las instituciones médicas más importantes del país en la lucha contra el cáncer. La acción responde a la falta de transferencia de recursos económicos por parte del Ministerio de Salud, lo que ha puesto en riesgo la atención de miles de pacientes oncológicos.
Durante una entrevista, el PDH explicó que el Ministerio de Salud Pública mantiene un convenio vigente con el INCAN, por medio del cual se entrega un aporte mensual para garantizar el tratamiento de pacientes con cáncer. Sin embargo, la afluencia de pacientes a este centro médico ha dejado al hospital sin los fondos necesarios para operar, situación que ya afecta a cientos de personas en todo el país.
Córdoba indicó que se ha tomado la decisión de interponer un recurso de amparo ante la CC para que se ordene la asignación inmediata de fondos y se evite una crisis humanitaria por desatención médica. Además, detalló que se mantiene en coordinación directa con las autoridades del INCAN para identificar necesidades urgentes y garantizar que los pacientes reciban quimioterapias, radioterapias, cirugías y atención integral.
El Instituto Nacional de Cancerología confirmó recientemente que los Q100 millones asignados para el año 2025 se agotaron en agosto debido a la alta demanda de servicios especializados y el elevado costo de los tratamientos oncológicos. En lo que resta del año, el hospital debe seguir atendiendo a al menos 3,780 pacientes, pero no cuenta con recursos para hacerlo.
En mayo de este año, el INCAN solicitó Q35 millones adicionales al Ministro de Salud, Joaquín Barnoya, quien respondió que no había presupuesto disponible, pese a las advertencias del colapso financiero inminente del hospital.
La institución alertó que, sin esos Q35 millones, no podrán continuar los tratamientos actuales ni recibir nuevos pacientes, lo que implica un riesgo directo para la vida de miles de guatemaltecos que dependen exclusivamente del INCAN para combatir el cáncer.
La acción del PDH y la presión ejercida por los directivos del INCAN ante la Corte de Constitucionalidad evidencian una grave omisión del Estado en su deber de garantizar el derecho a la salud, especialmente para los pacientes oncológicos. El caso del INCAN se ha convertido en un símbolo de la urgencia de priorizar la atención médica en Guatemala, y se espera que la CC actúe con prontitud para evitar una tragedia mayor. La vida de miles de personas está en juego.