¿Porque Semilla se opone a declarar terroristas a las maras, pese a que EE. UU. ya lo hizo?

A pesar de que el gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente como organización terrorista a la pandilla Barrio 18, el gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo y respaldado por funcionarios afines a la ideología progresista del extinto Movimiento Semilla, continúa oponiéndose férreamente a hacer lo mismo. Esta postura ha generado serias dudas sobre las prioridades de la administración actual en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Esta semana, el Congreso de la República aprobó un punto resolutivo para instar al Ejecutivo a declarar como grupos terroristas a las pandillas, específicamente al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13), dos de las estructuras criminales más violentas y con mayor presencia en Guatemala. La propuesta recibió el respaldo mayoritario del Legislativo, excepto de la bancada oficialista, que hizo todo lo posible por bloquear la medida, desacreditando a quienes la apoyaron y minimizando su urgencia.

Paradójicamente, los mismos diputados y funcionarios afines al oficialismo han utilizado en el pasado el nombre de estas maras para atacar políticamente a sus opositores, acusándolos de colaborar con pandilleros. Sin embargo, cuando se trató de tomar una medida concreta y contundente contra estas estructuras criminales, se opusieron con firmeza, revelando una clara incongruencia.

El caso más evidente fue el del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien primero emitió un comunicado oficial anunciando un trabajo conjunto con Estados Unidos en el combate contra las maras y respaldando su designación como terroristas. No obstante, horas después, en declaraciones ante los medios, contradijo su postura y afirmó que no considera necesario aplicar esa categoría legal en Guatemala.

Esta postura ambigua refuerza las sospechas sobre el verdadero compromiso del gobierno con el combate a las pandillas, en especial considerando que la actual administración controla el sistema penitenciario, donde continúan operando las extorsiones, los cobros de la llamada “talacha” y el control territorial interno por parte de las maras. A casi dos años de mandato, no se han implementado patrullajes militares conjuntos, ni operativos masivos, ni reformas legales serias que frenen la expansión de estas estructuras.

Asimismo, en el Congreso sigue estancada la Ley Antipandillas, una iniciativa que permitiría atacar directamente el financiamiento, la estructura y los métodos de operación de las maras. La propuesta ha sido bloqueada y criticada por partidos de izquierda, entre ellos Movimiento Semilla y sus aliados, bajo el argumento de la defensa de los “derechos humanos”, una postura que favorece indirectamente a los criminales antes que a las víctimas de extorsión, violencia y asesinatos.

Este enfoque progresista, inspirado en la agenda “woke” que prioriza la protección legal de los delincuentes, ha sido criticado por diversos sectores, que exigen una respuesta firme y sin concesiones contra las maras, que continúan operando con impunidad tanto dentro como fuera de las cárceles.

La negativa del oficialismo a declarar terroristas a las maras no solo contradice su propio discurso político, sino que también expone una peligrosa tolerancia hacia estructuras criminales que mantienen de rodillas a miles de familias guatemaltecas. Ya sea por miedo, por ideología o por intereses ocultos, el gobierno de Bernardo Arévalo y sus aliados han demostrado que prefieren proteger el discurso de los “derechos humanos” de los delincuentes antes que la seguridad del pueblo guatemalteco. La inacción y el doble discurso del oficialismo continúan debilitando la lucha contra el crimen organizado en el país.