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WhatsAppJorge Baldizón e Isaac Farchi presentaron un recurso de amparo ante la Cámara de Amparo y Antejuicios contra el Acuerdo Ministerial 2019-2025, que busca extender las operaciones de la empresa petrolera Perenco en Guatemala. Ambos denuncian irregularidades legales y exigen rendición de cuentas sobre el destino de los fondos petroleros, especialmente en el departamento de Petén.
El amparo fue presentado este 21 de julio a las 9:24 horas, según consta en el sello oficial del expediente. En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, Baldizón y Farchi afirmaron que el acuerdo ministerial publicado por el Ministerio de Energía y Minas pretende otorgar, de forma anómala, una nueva prórroga a Perenco, empresa extranjera que opera en la región norte del país desde hace más de cuatro décadas.
Los solicitantes argumentan que dicha prórroga contradice lo establecido en la Ley 71-2000, específicamente en su artículo 12, el cual prohíbe expresamente una segunda extensión del contrato otorgado previamente. “No podemos permitir que los hidrocarburos del país sigan siendo explotados sin dejar beneficios tangibles para los guatemaltecos”, señalaron.
El recurso también solicita a la Corte Suprema de Justicia requerir a Perenco un informe detallado sobre el cumplimiento del reparto de regalías. Según la ley, el 20% de los beneficios debe destinarse a los municipios del departamento de Petén, el 5% a nivel nacional, y el 3% a instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, Finanzas y la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN).
Baldizón destacó que, a diferencia del período 1985-2010, en el que se ejecutaron obras visibles como malecones y calles asfaltadas, la ampliación otorgada del 2010 al 2025 no ha dejado ningún impacto positivo claro en las comunidades. “Queremos saber dónde está el dinero que prometieron invertir en el desarrollo de Petén”, cuestionó.
También denunciaron que el gobierno ha cometido errores en la publicación oficial del acuerdo, al tener que corregirlo dos veces, la última el 18 de julio en el Diario de Centroamérica. Asimismo, criticaron que, bajo una declaratoria de emergencia, el Ejecutivo otorgue 45 días para que Perenco desmonte su infraestructura, sin especificar que la empresa deba cesar la explotación durante ese período, lo que, según afirman, abre la puerta a una operación encubierta.
Por último, Baldizón hizo un llamado a los cuatro diputados que representan a Petén, cuestionando su inacción ante lo que calificó como un atropello a los recursos no renovables del país. Además, recordó que la Ley Fonpetrol establece que las empresas deben destinar el 25% de sus operaciones al beneficio social y laboral de las comunidades petroleras, algo que —aseguró— no se está cumpliendo.