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WhatsAppA pesar de que más de 300 alcaldes de toda Guatemala, junto con la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), solicitaron de forma pública y reiterada el respaldo al Decreto 7-2025, el Presidente Bernardo Arévalo decidió vetar la ley, una medida que ha sido interpretada por muchos como un duro revés al desarrollo local y una negación directa a las comunidades más necesitadas del país.
¿Qué contemplaba el Decreto 7-2025?
El decreto, aprobado por el Congreso de la República, buscaba facilitar el acceso a recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDEs) para agilizar la ejecución de obras públicas en municipios de todo el territorio nacional, particularmente en aquellos más alejados y con mayores necesidades de infraestructura como:
- Caminos rurales
- Sistemas de agua potable
- Escuelas y centros de salud
- Proyectos de electrificación y saneamiento
Según la ANAM, este decreto permitiría destrabar millones de quetzales que actualmente no están siendo ejecutados debido a trámites burocráticos excesivos y rigideces legales.
¿Qué decidió el Presidente?
El Ejecutivo vetó el Decreto 7-2025, señalando que contiene vicios de inconstitucionalidad y que viola al menos cinco artículos de la Carta Magna (2, 119, 154, 171 b y 238), relacionados con:
- La transparencia
- El uso adecuado de recursos públicos
- El principio de legalidad
- La ejecución presupuestaria
El presidente afirmó que, si bien entiende la necesidad de obra pública, no permitirá atajos legales que “comprometan el buen uso del dinero del pueblo” ni que “reproduzcan malas prácticas del pasado”.
Malestar de alcaldes y organizaciones municipales
La decisión ha sido recibida con indignación y desilusión por parte de la mayoría de alcaldes del país, quienes expresan que:
- Se sienten ignorados por el Ejecutivo.
- El veto limita directamente la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las urgentes demandas de sus comunidades.
- El desarrollo municipal se verá frenado, especialmente en zonas rurales donde la inversión pública depende casi exclusivamente de los CODEDEs.
Varios jefes ediles advirtieron que el presidente está dándole la espalda a millones de guatemaltecos al frenar un mecanismo que permitiría mejorar sus condiciones de vida.
Postura del Gobierno
En un comunicado oficial publicado este 3 de octubre, el Gobierno afirma que:
“Esta administración trabaja en defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de Derecho (…) se explorarán alternativas viables para garantizar la ejecución de obra pública sin sacrificar los principios de legalidad y ética”.
El presidente Arévalo también justificó el veto mencionando que su gobierno no caerá en “prácticas de discrecionalidad heredadas del pasado”.
Obras detenidas, presupuesto sin ejecutar
A pesar del discurso de transparencia, lo cierto es que:
- En lo que va del 2025, el Gobierno central tiene una ejecución presupuestaria por debajo del 45%.
- La inversión en infraestructura pública es casi nula, con cero kilómetros de nuevas carreteras construidas.
- Múltiples comunidades continúan sin servicios básicos mientras el gobierno solicita aumentos multimillonarios al presupuesto nacional.
¿Qué sigue?
El Congreso podría:
- Reformular el decreto para atender las observaciones del Ejecutivo.
- Insistir en su aprobación con 107 votos, lo que anularía el veto presidencial.
Mientras tanto, los alcaldes esperan una respuesta concreta y rápida del Ejecutivo, pues las necesidades en sus municipios no pueden esperar a que se resuelvan diferencias políticas o legales entre el Ejecutivo y el Legislativo.
