El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, celebró públicamente la aprobación del Decreto 7-2025 por parte del Congreso, calificándolo como un triunfo para el desarrollo local y un freno a la manipulación política del Ejecutivo. A través de sus redes sociales, Siero denunció el uso de los fondos de CODEDES como moneda de cambio por parte del gobierno de Bernardo Arévalo y cuestionó duramente la gestión del veto presidencial.
Tras la votación que permitió al Congreso sancionar directamente el Decreto 7-2025 —luego del error legal del Ejecutivo al presentar fuera de tiempo su veto presidencial—, el alcalde Sebastián Siero expresó su satisfacción por lo que considera un paso clave para liberar a los alcaldes de presiones políticas y chantajes institucionales.
“Una vez más el equipo del Presidente Arévalo lo vuelve a hacer mal y lo conduce al error en el veto al Decreto 7-2025”, escribió Siero, subrayando la responsabilidad del equipo legal de la Presidencia en el fracaso del veto.
El Decreto 7-2025 permite fortalecer el uso directo de los recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) para ejecución de obras, sin que estén sujetos al aval o manipulación del Ejecutivo. Más de 300 alcaldes de todo el país habían solicitado la sanción de la normativa, pero el presidente Arévalo optó por vetarla, en lo que muchos han interpretado como un intento por retener el control político de estos fondos para negociar leyes, préstamos y presupuestos onerosos.
Siero también felicitó a los 84 diputados que votaron a favor de sancionar el decreto, indicando que «no cedieron a los corruptos ofrecimientos ni a las amenazas de funas y descrédito en redes sociales que hizo el oficialismo».
La denuncia del alcalde es contundente y deja en evidencia la fractura entre el Ejecutivo y el poder local, donde muchos alcaldes aseguran haber sido presionados o condicionados políticamente para recibir avales o financiamiento, situación que con la aprobación del Decreto 7-2025 podría llegar a su fin.
Además, Siero señaló que esta normativa “pone fin a la extorsión en la emisión de avales, el condicionamiento en las votaciones en el Congreso y a la corrupción de algunos gobernadores”, quienes —según múltiples denuncias— actuaban como operadores políticos del Ejecutivo en las regiones.