El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, colgó abruptamente una llamada durante una entrevista en una radio colombiana, luego de que se le informara que en la misma participación se encontraba Juan Francisco Sandoval, prófugo de la justicia guatemalteca.
La reacción de Curruchiche obedeció a un principio legal fundamental: el Ministerio Público no puede entablar comunicación con personas que se encuentran sindicadas y en condición de prófugas, como es el caso de Sandoval, quien enfrenta múltiples acusaciones y procesos judiciales vigentes por parte de la FECI.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de esa misma fiscalía, se encuentra fuera del país desde 2021 y ha sido señalado por diversos delitos, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstrucción a la justicia, según las investigaciones en curso.
La acción del fiscal Curruchiche fue consistente con el marco legal nacional que regula el actuar de los funcionarios públicos, en especial del Ministerio Público, cuya función es la persecución penal y el respeto irrestricto al principio de legalidad.
Fuentes del MP recalcan que cualquier comunicación directa o indirecta entre fiscales y sindicados, especialmente prófugos, sin un marco judicial establecido, podría comprometer la legitimidad de los procesos penales y violar normativas internas e internacionales.